Tras la promulgación de Zona Fría, la Defensoría del Pueblo fue a la Justicia para evitar que Mar del Plata pierda subsidios
El organismo presentó un amparo colectivo y cuestionó la constitucionalidad de la nueva ley. También pidió suspender los criterios de exclusión del régimen y exigió audiencias públicas antes de aprobar nuevos cuadros tarifarios.
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Tras promulgarse los cambios al régimen de Zona fría por parte del Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo presentó una acción de amparo colectivo ante la Justicia Federal de Mar del Plata para evitar que esas modificaciones reduzcan los beneficios tarifarios para los usuarios del distrito.
La demanda apunta contra el Estado nacional, a través del el Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege), el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía; y la distribuidora Camuzzi Gas Pampeana.
Entre las medidas solicitadas, el organismo reclamó una cautelar que impida aplicar las nuevas restricciones mientras se resuelve la cuestión de fondo. El objetivo es preservar las condiciones actuales del beneficio y evitar que los usuarios marplatenses deban superar los filtros del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) para acceder a la bonificación.
Además, pidió que el ente regulador no pueda autorizar nuevos cuadros tarifarios sin convocar previamente a una audiencia pública, con el argumento de garantizar la participación de los usuarios en las decisiones que impactan sobre sus facturas.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la igualdad ante la ley. La Defensoría considera que la nueva normativa establece diferencias injustificadas entre regiones con características climáticas similares: mientras los habitantes de Mar del Plata quedarían sujetos a condiciones patrimoniales para conservar el subsidio, en la Patagonia el acceso sería automático.
El planteo también cuestiona los criterios de exclusión establecidos por la Disposición 2/2026. Entre ellos, figuran la posesión de un vehículo de menos de tres años de antigüedad o la titularidad de tres inmuebles, una condición que podría alcanzarse al contabilizar por separado una vivienda, una cochera y una baulera.
Según la presentación, esos parámetros pueden dejar sin asistencia a hogares cuyos ingresos no reflejan necesariamente una capacidad económica suficiente para afrontar el costo del servicio.
Por último, el organismo solicitó que se declare inconstitucional el mecanismo que permite trasladar directamente a las facturas el costo de adquisición del gas sin garantizar una instancia obligatoria de consulta pública.
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