31/07/2020 01:47 Hs.
Volvieron a detener a Enrique Petrullo, el operador judicial de una megabanda de delincuentes integrada por jueces y fiscales

El juez de garantías de La Plata, Federico Atencio, dispuso finalmente que Enrique Petrullo, enlace entre delincuentes comunes y magistrados en una banda dedicada a vaciar viviendas de dueños adinerados, volviera a ser alojado por el Servicio Penitenciario Federal. El imputado había sido beneficiado por una morigeración en el marco de las polémicas liberaciones masivas concedidas por el juez Víctor Horacio Violini.

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La defensa de Petrullo había interpuesto ante el Tribunal de Casación Penal un habeas corpus solicitando que, por la pandemia de coronavirus, se le concediera la prisión domiciliaria. El mismo método que con las liberaciones masivas.

En este contexto, Violini (presuntamente habilitado por Eduardo Néstor de Lázzari para decidir de manera unipersonal), mediante una resolución que luego fue dejada sin efecto por la Suprema Corte, envió al Servicio Penitenciario Federal que informara con urgencia si Petrullo estaba en alguno de los grupos de riesgo. El cuerpo médico lo revisó y determinó que no lo estaba.

A su vez, la mujer del imputado presentó un certificado médico particular que afirmaba que, sin haberlo revisado, por los antecedentes acercados por su esposa, sí estaba en un grupo de riesgo.

Por tal motivo, Violini, el 3 de abril pasado, consideró que el informe del SPF era superficial y mandó al juez de la causa que hiciera inmediatamente efectiva la morigeración.

Petrullo está detenido por ser el enlace entre los policías y delincuentes comunes y los magistrados del Poder Judicial en el marco de la llamada megabanda de César Melazo, la misma trama cuyas escuchas telefónicas complicaron al juez Violini.

Atencio respondió a la Casación que la resolución no estaba firme, pero Violini le ordenó que la hiciera efectiva de todas maneras y le dijo que lo haría saber a la Suprema Corte. Al mismo tiempo, se hizo fuerte la versión de que Petrullo habría amenazado a integrantes del Poder Judicial con hablar.

Atencio dispuso entonces la libertad pero, al certificar que no hubiera impedimentos legales, surgió que el acusado también estaba detenido a disposición del juez Crispo. Violini le ordenó a Crispo que le diera la domiciliaria y Petrullo volvió a su casa en City Bell. 

Luego, la fiscal adjunta de Casación Moretti interpuso un Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley y Violini se lo rechazó el 28 de abril, por lo que la fiscal fue en queja a la Suprema Corte.

El 18 de mayo la Corte declaró admisible el RIL y, el 26 de mayo, le hizo lugar y dejó sin efecto lo resuelto por Violini. El defensor  de Petrullo, renunció y se presentó otro abogado.
Mientras tanto, la Corte mandó el resolutorio a la Casación para que notificara a Petrullo. La Casación mandó oficio al juez Atencio para que lo hiciera él, Atencio lo hizo el mismo día y lo devolvió a la Casación, que devolvió a la Corte la notificación. 

El nuevo letrado de Petrullo presentó un Recurso Extraordinario Federal ante la Corte, pero no acompañó unas copias necesarias como requisito. Lo intimaron a que las acompañara. Lo hizo el último día del plazo que le dio el Máximo Tribunal.

El miércoles 8 de julio la SCBA dispuso el rechazo del Recurso Extraordinario Federal. 

Por su parte, Casación, en vez de ordenar su regreso al penal y remitir el expediente al juez Atencio, interpretó que el fallo de la Corte sólo le imponía notificar el rechazo, y así lo hizo: se limitó a devolver el 16 de julio la notificación diligenciada.

Luego de esta inverosímil situación burocrática procesal, Atencio determinó que Petrullo, por la influencia de que goza en el Poder Judicial y el ámbito público bonaerense, vuelva a ser alojado en una cárcel federal.
 

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