A 10 años de la inundación de La Plata: la historia no contada sobre las víctimas fatales y los NN en la morgue policial
Cuerpos sin identificar, certificados de defunción falsificados y un modus operandi policial que recuerda a la última dictadura. En diálogo con LaNoticia1.com Luis Arias, el Juez que intentó determinar el número de víctimas de la inundación, brindó detalles del Habeas Data iniciado por la Comisión Provincial por la Memoria contra la Provincia. También habló del fallo confirmado por la Corte que ordenó modificaciones sustanciales en los procedimientos de recepción e inhumación de cadáveres.
Por Gabriela Edith Lorenzo
El entonces Juez en lo Contencioso Administrativo, Luis Arias, inició en conjunto con el fiscal Jualián Axat, una acción de Habeas Data que perseguía un único objetivo, determinar la cantidad de víctimas fatales resultado de la inundación del 2 de abril. Sin embargo, en el transcurso de la investigación que incluyó allanamientos en la morgue policial y el Ministerio de Seguridad bonaerense, Arias se encontró con cuerpos sin identificar que databan de varios años antes del 2013. Su trabajo logró transformaciones sustanciales en el registro de defunciones en el Renaper y en el cementerio local.
Luis Arias, quien en la actualidad es concejal de FdT en el Concejo Deliberante platense y aspira a la intendencia de la ciudad, se enfrentó al Ejecutivo provincial de Daniel Scioli y a varios funcionarios que hoy siguen formando parte del Gobierno nacional o bonaerense. Autodefinido como representante de lo que él llama "kirchnerismo silvestre", destacó que Cristina Fernández "hablaba de las patéticas miserabilidades de la política al querer ocultar las víctimas".
El juez de Garantías, Guillermo Atencio, encargado de la causa de la Inundación en La Plata.
¿Cómo comenzó la investigación que terminó en un Habeas Data?
El viernes 5 de abril se inició la acción judicial, ese mismo día empezamos a hacer algunas inspecciones oculares; estuvimos en distintos establecimientos hospitalarios, casi a la madrugada nos encontramos con el fiscal, con Condomí Alcorta, que fue el primero que intervino, y me muestra una lista de la DDI de La Plata, donde se había tachado a una persona con una lapicera, era Josué Suárez Salazar y cuando le preguntamos por qué lo habían tachado, nos dijo que había muerto electrocutado. Y empezamos a preguntar, pero murió en el contexto de la inundación. “Sí, sí”, nos decía. Bueno, qué sé yo, la policía, el gobierno empezó a dar explicaciones que eran insustanciales y ahí me di cuenta que evidentemente querían frenar el cómputo de víctimas ese mismo día.
¿Ahí comenzaron las sospechas sobre un posible ocultamiento de víctimas?
Al día siguiente nosotros ya teníamos en el juzgado una lista de unas siete personas más posibles víctimas de la inundación. No sé cómo eso se filtra en la prensa, y al otro día el ministro de Seguridad, Ricardo Casal, hace una conferencia de prensa donde nos fustiga duramente. Lo cierto es que el día lunes 8 ya pudimos comprobar la existencia de la primera víctima no reconocida, más allá de Suárez Salazar, que luego lo incorporamos al listado; pero la primera víctima fue Juan Carlos García, que había fallecido ahogado en la vía pública. Lo tuvieron cinco horas en la rambla de la avenida 32; la policía le decía a la familia que busque a un médico privado para que constate una muerte natural y lo lleven porque la morgue estaba colapsada. Los familiares se negaron, entonces una médica de la policía forense certificó como que había fallecido por un carcinoma hepático La familia lo crema y, bueno, lo hicieron desaparecer como víctima, ¿no?, falsificándole la causal de muerte en el certificado de defunción.
El día martes encontramos otra, el día miércoles otra, y así todos los días íbamos encontrando nuevos casos donde se habían falseado las causales de muerte. Y el día jueves, el juez penal Atencio, sin haber visto la causa, dice “esto es competencia penal” y me plantea la inhibitoria. Y entonces el expediente fue a la corte y yo creo que fue una maniobra para frenar la causa.
En los medios se habló de esta causa como “una investigación paralela”.
Eso fue una operación de prensa que hizo el Ejecutivo. No hubo, no. La causa esta la inició Julián Axat, es una acción por el derecho a la información, por el derecho a la verdad.
Estamos hablando de la acción de Habeas Data que se inició a pedido del Colectivo de Acción y la Comisión Provincial por la memoria contra el Ministerio de seguridad y el Fisco de la Provincia.
Así es, con un Habeas data. Y el fuero penal me hostigó todo el tiempo queriéndome sacar la causa para hacerle el juego al Ejecutivo. Si él (Condomí Alcorta) es miembro del Poder Judicial, tiene que usar la morgue judicial, no la morgue policial. Bueno, delegó todo en la policía, no hizo, no ordenó las autopsias. De los 51 que ellos tenían, 40 no se hicieron autopsias. Entonces, bueno, hubo una serie de irregularidades que determinaron su separación de la causa y ahí empieza a intervenir Paolini, que fue peor que Condomí Alcorta, en la causa de estrago culposo.
¿Quiénes y por qué querían que la causa tramite en el fuero penal?
Porque en el fuero penal cada vez que hay una muerte traumática, se arma una causa preventiva, que se llama averiguación de causales de muerte, en donde se debe ordenar una autopsia. Ahora, ¿qué pasaba? Vamos a suponer que en una casa que se inundaba y vivían dos adultos mayores, uno de ellos fallece ahogado y al otro lograron rescatarlo, iba al hospital y a los pocos días muere por hipotermia. Este último no lo computan porque es una muerte natural. Por eso quería el Ejecutivo (provincial), fundamentalmente, le interesaba que todo tramitara en el fuero penal, no en el fuero contencioso. Yo convoco a una conferencia de prensa y digo, esto es una maniobra para quitarme la causa y a los 18 días volvió la causa diciendo que era competencia contencioso-administrativa.
Y en el año 2014, legisladores del sciolismo me iniciaron un jury, Guido Lorenzino, que ahora es defensor del pueblo, y otro que no me acuerdo ya quién era, pero también era de los legisladores más sciolistas, por el mismo tema, por la inundación, y ese jury fue archivado, y después me juzgaron por el mismo hecho, dos veces, cosa que viola principios jurídicos elementales, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa.Bueno, con eso me armaron la causa penal que fue la principal causa de mi destitución. Y luego que me destituyeran, me sobreseyeron. Eso fue ya en el 2018. Pero quiero decirte que uno de los principales escollos que tuve, no fue solamente el Poder Ejecutivo, que salió a atacarnos abiertamente,sino fundamentalmente el Foro Penal, evidentemente asociado con el Poder Ejecutivo.
¿Por qué el Ejecutivo quería contabilizar menos víctimas?
En ese momento sí había tensiones entre el Gobierno Nacional y el Gobierno Provincial. Y, bueno, casualmente el 51 es el mismo número de víctimas que tuvo la tragedia de Once. Entonces, tal vez no querían tener más víctimas que el Gobierno Nacional. Solo una mente perversa puede especular con la imagen. Pero desconozco, se me ocurre que esa puede ser una explicación, pero no lo sé verdaderamente por qué frenaron el cómputo.
¿Qué encontraron en los allanamientos?
Al Ministerio de Seguridad fuimos porque queríamos ingresar al sistema informático de reconocimiento de huellas dactilares. ¿Por qué? ¿Cuál eran nuestra metodología de trabajo? Si hay una muerte, se registra en el registro de las personas, hay un certificado de defunción. Si no está en el registro de las personas, está el cuerpo. Entonces el segundo paso para nosotros era el cuerpo, y para eso íbamos a las morgues y los cementerios, porque si no lo habían registrado, el cuerpo tenía que estar en algún lado. Ahora, vamos a suponer que no teníamos la inscripción de un muerto en el registro de la persona. Tampoco teníamos el cuerpo, porque lo habían metido en un barril de ácido. Suponíamos que la policía, antes de desaparecer un cuerpo, iba a querer saber quién era. Entonces, queríamos entrar a ese registro, que no nos dejaron, a pesar de que allanamos el ministerio. Y, bueno, descubrimos, luego de estas situaciones, que la policía de la provincia de Buenos Aires seguía con ciertas prácticas de la dictadura militar.
Nosotros allanamos las morgues del conurbano, de los hospitales, allanamos todas las morgues; y realmente lo que encontramos fue tremendo. En la del cementerio, cuerpo sin identificar. No puede haber un cuerpo en la morgue sin una identificación de una causa judicial. Había frascos con restos humanos, con fetos, sin identificar. Había restos de animales junto con restos de personas. Cuerpos descomponiéndose a temperatura ambiente porque no había lugares en las heladeras. Además de todas estas irregularidades, lo más grave de todo es que descubrimos que la policía enterraba en el cementerio cuerpos como NN o con una identidad duplicada. Por ejemplo, había una tumba con el nombre Raúl Jaime Isla y a 200 metros otra tumba con el nombre Raúl Jaime Isla. Y cuando nosotros revisamos los registros del cementerio nos damos cuenta que tenían el mismo documento de identidad.
Entonces yo ordené la exhumación el último día de 2013 y uno sí resultó ser Raúl Jaime Isla y el otro era un cuerpo momificado que en ese momento tenía como unos 6 años de fallecimiento y al día de hoy no sabemos quién es porque no hay un banco de datos genéticos contra el cual se pueda cotejar su ADN. Nosotros dijimos en ese momento que los desaparecidos en democracia podrían haber tenido ese destino, porque vos estás, digamos, en tierra nadie, como un NN, y lógicamente no hay un familiar que vaya y pague los derechos de cementerio. Entonces, ¿qué pasaba? Transcurrido un tiempo, se mandaban al osario común, y ahí nunca más ya podés averiguar su destino.
Su sentencia por el Habeas Data fue confirmada por la Cámara, ¿Verdad?
Sí, esa sentencia también fue confirmada por la Cámara y por la Corte y se hicieron modificaciones, tanto en el Renaper como en la ordenanza del Cementerio local, porque los médicos les estaban firmando a la funeraria un formulario en blanco, que es el 03, donde hacen constar las causas mediatas de la muerte, porque en un certificado de función te ponen si es traumático o no traumático, nada más. Los firmaban en blanco y se las dejaban en la funeraria. Claro, por una cuestión práctica, ¿no? Cuando a vos se te muere un ser querido, no estás para hacer trámites, entonces la funeraria ponía todo y ponían cualquier cosa, yo te puedo asegurar que me volví loco tratando de desentrañar la información y era toda, digamos, inventada. Entonces, una vez me fui a ver a una vecina que figuraba que había autorizado el retiro del cuerpo de una persona y me dice: “No, yo nada que ver, no lo autoricé, yo a mí se me murió mi tío hace dos años”.
Extracto de los argumentos de la sentencia del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de La Plata.
Entonces, falseaban toda la documentación porque banalizaban estas cuestiones. Además, los formularios estaban fotocopiados, no estaban numerados, no estaban protocolizados, era un desastre. Bueno, todo eso se modificó, pero además se modificó la ordenanza de cementerio local para que los huesos que van al osario vayan grabados, con bolsas identificadas, para saber dónde va un cuerpo después del fallecimiento de una persona. Que se puede identificar.
En la sentencia se ordenaron importantes modificaciones en los procedimientos de recepción e inhumación de cadáveres en la morgue provincial ¿cuáles fueron?
En ese fallo se condenó al Ejecutivo Provincial a que, y te leo textual: “confeccione un protocolo de actuación que reglamente el ingreso, rotulación, documentación, disposición, entrega e inhumación o cremación de cadáveres y restos humanos que ingresen a la Morgue policial de La Plata, en función de estándares de legalidad, certeza y debida custodia”. En el punto 3 se establece que el Gobierno provincial debe proveer a la morgue de una infraestructura edilicia adecuada y la seguridad e higiene del personal que presta funciones.
Extracto de los argumentos de la sentencia confirmada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata.
Y en cuanto los procedimientos periciales, se exhortó a la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia, a que en un plazo razonable, arbitre las medidas conducentes a efectos de crear un protocolo de actuación, “en el marco de los procesos penales, en función de estándares de transparencia, seguridad, certeza y debida custodia”.
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