CARBAP celebró la aprobación en Diputados del proyecto que incorpora el vandalismo rural al Código penal
La confederación ruralista de Buenos Aires y La Pampa afirmó que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”. El proyecto fue aprobado en la Cámara baja por 162 votos contra 77 y una abstención.
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La Cámara de Diputados aprobó en las últimas horas un proyecto que busca incorporar la figura del vandalismo rural al Código Penal y que impone penas de hasta 10 años de cárcel por la intrusión en los campos.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) celebró el logró en la Cámara baja y destacó que “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito”.
En un comunicado, CARBAP afirmó: “Celebramos la aprobación en la Cámara de Diputados de la Nación del proyecto de ley que incorpora al Código Penal figuras específicas vinculadas al vandalismo rural, un paso importante para fortalecer la protección de los productores y sus familias”.
La confederación ruralista remarcó que “la destrucción de cultivos, silobolsas, alambrados e instalaciones productivas provoca pérdidas económicas y atenta contra meses de trabajo e inversión”.
Continuó: “Destacamos especialmente el abordaje de la violación de domicilio rural. Ingresar sin autorización a un establecimiento rural vulnera la privacidad, la tranquilidad y la seguridad de quienes viven y trabajan allí”. Porque “el campo no puede tener menos protección que cualquier otro ámbito: detrás de cada tranquera hay personas, familias y bienes que deben ser respetados”.
“Valoramos este avance legislativo y convocamos a seguir trabajando para que existan herramientas legales efectivas que protejan la producción y garanticen el respeto por la propiedad. Sin seguridad ni respeto por el trabajo, no hay desarrollo rural posible”, cerró el mensaje de CARBAP.
El proyecto sobre vandalismo rural fue aprobado en Diputados por 162 votos contra 77 y una abstención del diputado de Unión por la Patria Luis Basterra. El dictamen de mayoría obtuvo varias modificaciones que fueron consensuadas entre el autor del proyecto, Martín Ardohain, y el legislador massista bonaerense, Ramiro Gutiérrez. En tanto, la iniciativa fue rechazada por el grueso de los diputados de UxP, la izquierda, e Independencia.
La iniciativa penaliza dos tipos de conductas: los actos de vandalismo contra elementos e infraestructura rural, y la invasión de la propiedad privada.
En primer lugar, se incorpora como artículo 150 bis del Código Penal, en el Título “Delitos contra la libertad”, una pena de un mes a un año de prisión por invadir establecimientos rurales o sus dependencias, “contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho de excluirlo”.
Se presume que hay voluntad de exclusión cuando haya cerramientos, vallas, muros, alambrados o señales que indiquen la prohibición de ingreso. Además, se aclara que no se configurará el delito cuando el ingreso responda a “una necesidad justificada, razones de auxilio o cuando la configuración del lugar no permita distinguir claramente el límite con la vía pública”.
El máximo de la pena se elevará a dos años cuando el ingreso obstaculice el desarrollo de la actividad productiva rural o genere un peligro concreto para la vida o la integridad física de las personas que se encuentran en el establecimiento, o para la sanidad de los animales o cultivos.
Por otra parte, se reprime con prisión de dos a ocho años y multa de tres a doce veces el valor del daño causado al que dañe una serie de elementos afectando de manera directa el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento agropecuario, como las silobolsas. La misma pena se aplicará por daños a instalaciones tecnológicas destinadas a la provisión de energía o extracción de agua.
La pena mínima se elevará al doble si el autor o instigador es funcionario público o se dedica habitualmente a la actividad agropecuaria. Y a su vez, la pena máxima subirá a 10 años si el hecho es cometido por tres o más personas de manera coordinada; si provoca la pérdida total de la producción o frena el ciclo; o si intermedia la violencia.
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