Causa VTV: El exministro D’Onofrio se presentó en la Justicia y negó las acusaciones
El exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires presentó un escrito. Allí sostuvo que el proceso licitatorio del servicio de verificación fue “legal, público e internacional".
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Jorge D’Onofrio presentó un escrito ante el fiscal Álvaro Garganta con el que rechazó las acusaciones que lo señalan como responsable de presuntas maniobras de corrupción vinculadas al sistema de fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV), donde es acusado de lavado de activos de origen ilícito.
El exministro del gobierno de Axel Kicillof fue procesado y embargado por orden del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, por lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones..
En el expediente también se busca revelar un presunto entramado de abogados y funcionarios que habría operado para reducir o anular multas de tránsito captadas en rutas bonaerenses a cambio de pagos ilegales.
En un escrito de 25 carillas, D’Onofrio sostuvo que el proceso licitatorio fue “legal, público e internacional”, y que además tuvo el aval de los organismos de control y asesoría. En ese marco, el ex funcionario negó haber direccionado la adjudicación de las concesiones y aseguró que no existieron beneficios indebidos para las empresas que se quedaron con los talleres verificadores en 2024, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
Para el fiscal, el ex ministro habría favorecido a ocho empresas adjudicatarias y articulado un mecanismo de retornos a través de una firma contratada para gestionar los turnos y los cobros online.
La mirada de la Justicia también está puesta en la contratación de Soluciones en Telecomunicaciones y Electrónica S.A., firma a cargo de llevar adelante el otorgamiento de turnos de forma virtual. La fiscalía sospecha que la empresa de la “turnera” funcionó como intermediaria para el cobro de coimas: las concesionarias debían pagarle inicialmente el 3% y luego hasta el 8,5% más IVA de sus ingresos mensuales durante los diez años de concesión.
Cada turno solicitado por Internet implicaría una comisión directa: desde unos $2.500 por la VTV de un auto hasta $11.000 en el caso de vehículos de transporte. En su escrito, D’Onofrio defendió esa decisión y afirmó que la incorporación de tecnología era necesaria para mejorar la transparencia y la trazabilidad del sistema. Por otra parte, negó categóricamente cualquier vínculo previo con Sebastián Decio, titular de la empresa señalada como nexo clave en la causa.
El fiscal Garganta citó a declarar en los próximos días los propietarios y titulares de las siete empresas que recibieron las licencias para operar la VTV en distintos puntos de la provincia, incluido Decio.
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