Procesaron y embargaron a Jorge D’Onofrio, exministro de Transporte bonaerense
El exfuncionario continuará en libertad. La misma resolución alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV.
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El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó al exministro de Transporte bonaerense Jorge D’Onofrio por lavado de activos y ordenó un embargo de $350 millones.
La medida judicial se da en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas al sistema de fotomultas y a la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y el exfuncionario es acusado de lavado de activos de origen ilícito.
La misma resolución alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV, está sindicado como el testaferro de D’Onofrio, a quien se le trabó un embargo de $300.000.000. Para el exministro el procesamiento fue agravado por su condición de funcionario público al momento de los hechos.
La inhibición general de bienes de ambos imputados, vigente desde marzo de 2025, continuará activa mientras avanza la investigación.
El expediente se inició el 5 de septiembre de 2024 a partir de una denuncia que señalaba que D’Onofrio lideraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, “una estructura criminal con división de funciones y jerarquías”, destinada a desviar fondos provenientes de multas de tránsito en municipios bonaerenses y blanquearlos mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.
Uno de los ejes de la pesquisa fue la adquisición de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio por un valor declarado de $30.000.000, mientras que el seguro estimaba el costo del vehículo en más de $173.000.000. La investigación determinó que el uso, manejo y beneficios de la camioneta correspondían en realidad a D’Onofrio, quien abonaba el Telepase y figuraba como conductor autorizado desde el inicio.
La operación incluyó un contrato de mutuo entre Asensio y la desarrolladora familiar Los Altos de Don Carlos S.A., que no registra actividad económica comprobable. Para la Justicia, esa estructura reforzó los indicios de una maniobra destinada a ocultar la verdadera titularidad del bien.
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