Conflicto Donnelley: Polémica por la aplicación de la Ley Antiterrorista
Continúan los cruces entre el oficialismo y la oposición a raíz de la decisión de la Presidenta Cristina Fernández Kirchner anunciara la posibilidad de aplicar la Ley Antiterrorista "por alteración al orden económico y financiero" contra la empresa gráfica RR Donnelley, a la que acusó de realizar "una maniobra sospechosa de fraude" al pedir de su quiebra.
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Por su parte, el Jefe de Gabinete Jorge Capitanich manifestó: "Se trata de una maniobra por lo menos sospechosa en materia de fraude", y recordó que "las leyes pretenden penalizar las conductas perversas que afectan la vida en comunidad y este sería el caso. El Poder Ejecutivo, a través del organismo competente, lo que hace es propiciar la denuncia penal, la aplicación de las leyes corresponde al Poder Judicial".
Además, indicó: "Si entra una declaración de quiebra el viernes al juzgado y sale el lunes, si los directivos cambiaron al directorio y se fueron antes, si el balance de las empresas determinaba una posición patrimonial positiva, si existen 400 trabajadores y todo un equipamiento e infraestructura edilicia, lo que se está promoviendo es una conducta por lo menos alevosa, sospechada de fraudulenta".
Por otro lado, la oposición salió a cuestionar la decisión de la mandataria. "Las amenazas del gobierno no hacen más que empantanar la economía", señaló el titular de la UCR y precandidato presidencial del Frente UNEN, Ernesto Sanz.
"La Presidenta hizo una clara demostración de su poder, agarró el micrófono y de un plumazo puso en riesgo el trabajo de centenares de argentinos", agregó a la vez que advirtió que "sembrando pánico no crea empleo, lo destruye porque el miedo no atrae inversiones. Cuando en vez de colaborar e incentivar para crear riqueza el Estado persigue y amenaza, consigue todo lo contrario: congelar la economía".
En igual sentido, desde el Frente Renovador que lidera Sergio Massa cuestionaron la decisión de Cristina Fernández. "Indudablemente con la actitud de la Presidenta se corrobora que lo que pretendían cuando votaron la ley era una herramienta de amedrentamiento a la sociedad", sentenció la Diputada Graciela Camaño. A su vez, el massista Adrián Pérez consideró que esa norma "se ha convertido en un cheque en blanco para vulnerar derechos fundamentales de los ciudadanos, que en algunos casos como este se utiliza como respuesta absolutamente desproporcionada e irracional para un tema que debe ser resuelto por los carriles correspondientes en la justicia civil y comercial y eventualmente en las instancias administrativas del ministerio de Trabajo".
Por su parte, para la dirigente del MST-Nueva Izquierda, Vilma Ripoll, "si la Presidenta quiere sancionar a Donnelley que la expropie, estatice y garantice los puestos de trabajo. La imprenta podría producir los manuales y cuadernos para todas las escuelas del país".
