¿Dónde está la plata? El Gobierno de Milei demanda al municipio de Cañuelas por no haber rendido cuentas de dos obras
El Estado Nacional demandó a la Municipalidad de Cañuelas por la falta de rendición de cuentas en dos convenios de asfalto y cordón cuneta en Máximo Paz. El monto original de $36 millones, con intereses, ya supera los $550 millones.
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La Municipalidad de Cañuelas enfrenta dos demandas judiciales por parte del Estado Nacional debido a la falta de rendición de cuentas de fondos destinados a obras en la localidad de Máximo Paz. Se trata de dos convenios firmados en 2020 bajo el programa Argentina Hace II, a través de los cuales el Gobierno transfirió dinero para la construcción de cordón cuneta y asfalto.
La Secretaría de Obras Públicas, ahora bajo la órbita del Ministerio de Economía, exige la devolución de los montos no justificados: $15 millones de un desembolso realizado en 2021 y otros $20,8 millones de un segundo convenio. Con intereses acumulados, la cifra hoy asciende a más de $550 millones.
Las causas judiciales
La primera demanda, radicada en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9 a cargo del Dr. Pablo Gabriel Cayssials, apunta a un convenio firmado por la intendenta Marisa Fassi y el entonces ministro Gabriel Katopodis. En este caso, el municipio no presentó la rendición de un desembolso de $15 millones recibido el 21 de septiembre de 2021.
La segunda causa, presentada hace pocos días y tramitada en el Juzgado Nº 8 de la Dra. Cecilia G. M. de Negre, cuestiona la falta de rendición de un desembolso de $20,8 millones en un convenio que incluía diversas obras en Máximo Paz, como plazas y parques.
De acuerdo a lo que publicó el medio local InfoCañuelas, ambas demandas se fundamentan en convenios firmados, cartas documento enviadas en 2023 y la omisión del municipio en responder los reclamos previos.
Próximos pasos
Las fiscalías ya emitieron su resolución y ahora resta que la Municipalidad de Cañuelas sea formalmente notificada. Mientras tanto, la deuda sigue creciendo con los intereses acumulados, y la Justicia deberá determinar si el municipio debe devolver los fondos percibidos.
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