Educación en cárceles: Provincia puso en marcha la continuidad pedagógica para personas privadas de la libertad
Fue a partir de un acuerdo entre las carteras de Educación y Justicia. A tal fin se elaboran y distribuyen cuadernillos de contenidos y tareas para que la totalidad de los 45 mil que componen la población carcelaria bonaerense pueda continuar sus estudios.
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A través de la firma de un convenio entre Educación y Justicia, se puso en marcha el programa de continuidad pedagógica para 45 mil personas detenidas en las unidades penitenciarias y alcaldías del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El programa tiene como objeto garantizar la continuidad educativa de las personas privadas de la libertad matriculadas en alguno de los niveles de enseñanza durante la suspensión temporaria de clases presenciales en el marco de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
La rúbrica estuvo a cargo de la Directora General de Cultura y Educación, Agustina Vila, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak.
En las unidades penales bonaerenses funcionan 123 servicios educativos de la DGCyE: 66 de nivel primario, en los que cursan 9.045 personas, y 57 de nivel secundario, en los que cursan 9.174 personas. A través de este programa, recibirán cuadernillos de continuidad pedagógica que fueron especialmente planificados y producidos por la cartera educativa siguiendo los diseños curriculares y las estrategias pedagógicas que surgen del área de Educación en contexto de encierro, indicaron.
La cartera educativa, a través de su Dirección de Promoción de Derechos, también contempló la producción de 25.881 cuadernillos con actividades culturales, artísticas e históricas para las personas que no se encuentren inscriptas en ningún nivel de enseñanza, con el objeto de acercar a la totalidad de la población carcelaria la propuesta de vinculación con el material educativo.
En el marco del proceso de continuidad pedagógica, los cuadernillos resueltos serán devueltos,
con los protocolos sanitarios correspondientes, a los directivos de cada servicio educativo
para su evaluación y posterior acreditación de los saberes a los y las estudiantes.
"La educación es un derecho social que debe ser garantizado para que se convierta en un hecho emancipatorio. Que evite que lleguen las personas a las cárceles, y las que por algún motivo llegan, tengan la posibilidad de formarse, de revertir, de cambiar, fortalecerse y emanciparse en pos de sentirse artífices de su vida", expresó Vila. Y agregó: "Hablamos de reinserción, pero debemos tener en cuenta que si no hubo derechos básicos no hubo inserción. Por eso, cuando las personas recuperan la libertad, el estado debe estar presente para que puedan planificar y fortalecer sus vidas".
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