El Gobierno obliga a etiquetar planta por planta y en los viveros bonaerenses advierten que la medida "es inaplicable"
La decisión del Gobierno nacional exige colocar un código QR individual a cada ejemplar comercializado. En la provincia de Buenos Aires, donde la cuenca de San Pedro concentra cerca del 80% de la producción del país, afirman que la medida es "imposible de practicar", genera un costo altísimo y advierten que no consultaron a nadie para dictarla.
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Una resolución emitida a nivel nacional por el Instituto Nacional de Semillas (INASE) encendió una fuerte polémica en el sector productivo de la provincia de Buenos Aires. La normativa aprobada por el organismo nacional establece la obligatoriedad de colocar una etiqueta individual con un código QR de trazabilidad en cada una de las plantas destinadas a la comercialización.
La exigencia alcanza a todas las especies fiscalizadas: desde frutales —como cítricos, olivos y prunus— hasta arbustos, plantas ornamentales y árboles de sombra.
En diálogo con LANOTICIA1.COM, el ingeniero agrónomo Pablo Ojea, referente técnico del sector, tildó la iniciativa de "muy loca" e "inaplicable" debido a las dimensiones del volumen productivo que se maneja en el territorio bonaerense y la falta de logística existente.
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Cifras de un volumen imposible de etiquetar
El impacto de la disposición dispuesta por el Ejecutivo nacional pega de lleno en la economía de la Provincia. De acuerdo con lo señalado por Ojea, el peso de la región es determinante a nivel federal: "San Pedro es el lugar mayor en superficie y en volumen; después tenemos núcleos en la Provincia como La Plata, Mar del Plata, Lobos, o en el país como Mendoza y Entre Ríos, pero el 80% de la producción está en San Pedro".
"Un solo vivero bien armado produce al año entre 250.000 a un millón de plantas. Multiplicalo, si querés, por 100", graficó el profesional ante LANOTICIA1.COM para dimensionar lo insólito de pretender identificar cada unidad.
En ese sentido, explicó las complicaciones directas que causa la medida: "Genera que se etiquete cada planta, un altísimo costo operativo de mano de obra, de tiempo, que realmente, si uno ve la dinámica de todos los viveros, es casi imposible".
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Sin proveedores, insumos caros y riesgo comercial
A la carga de trabajo manual se le suma la falta de insumos técnicos para dar cumplimiento al requerimiento del Gobierno nacional. Las etiquetas deben resistir la intemperie, los riegos y el sol a lo largo de todo el ciclo de comercialización sin perder legibilidad.
"Para que una tarjeta te dure todo el proceso tiene que tener un material específico, que el sol no le afecte, que sea legible siempre. Es carísima. No hay proveedores de etiquetas, no hay proveedores de maquinitas para imprimir etiquetas", detalló el ingeniero.
Asimismo, alertó sobre la distorsión que generará en la red de comercialización provincial cuando un viverista le venda a otro: "Si me comprás las plantas y tenés otro vivero, estoy obligado a poner mi etiqueta; no la podés sacar, pero a su vez podés agregar la tuya. Genera también complicaciones a nivel de comercialización".
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"Acá no nos consultaron a nadie"
Lo que más indignación causó entre las familias viveristas de la Provincia fue que la norma se redactara entre despachos de las dependencias nacionales sin tener en cuenta la realidad del campo ni convocar a los actores de la actividad.
"Nos quedamos todos sorprendidos porque siempre hemos tenido instancias de consulta. Acá no nos consultaron a nadie, a nadie en el país", reclamó Ojea.
Ante esta situación, la Cámara de Viveristas presentó una nota formal ante el Instituto Nacional de Semillas (INASE) para solicitar una reunión informativa de carácter urgente. El objetivo de los productores bonaerenses es abrir una mesa de diálogo que permita dar marcha atrás con la medida antes de su entrada en vigencia —prevista para diciembre— o encontrar alternativas viables que no ahoguen a la producción local.
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