El Senado bonaerense analiza el proyecto de Kicillof para facilitar el acceso a la cuota alimentaria
El debate se llevará a cabo este martes en la comisión de Legislación General. La iniciativa busca simplificar los procesos de reclamo de cuota alimentaria.
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La comisión de Legislación General del Senado bonaerense se prepara para retomar hoy, martes, el debate sobre un proyecto presentado por el gobernador Axel Kicillof. La iniciativa busca simplificar los procesos de reclamo de cuota alimentaria, enfocándose en garantizar los derechos de los niños, fortalecer la autonomía de las mujeres en estos casos y asegurar respuestas judiciales rápidas y eficientes.
Esta será la segunda vez que la comisión discutirá el proyecto, luego de que funcionarias del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual expusieran a principios de junio. Los legisladores acordaron entonces dejar la propuesta en estudio y retomarla en la próxima reunión ordinaria.
El objetivo principal del proyecto es modificar el Código Procesal Civil y Comercial para permitir notificaciones a través de medios como WhatsApp o correo electrónico, herramientas adoptadas durante la pandemia pero que posteriormente fueron rechazadas por los juzgados. Además, propone cambiar el orden en la determinación de la obligación alimentaria, pasando la carga de demostrar el caudal económico del progenitor del receptor de alimentos a la parte demandante.
Otro aspecto clave es que el Poder Judicial deberá establecer alimentos provisorios y exime a las madres de los costos de actualizar la cuota alimentaria. Estas medidas buscan reconocer las desigualdades en los procesos de alimentos, reducir la litigiosidad y fortalecer la autonomía de las mujeres en decisiones judiciales.
El proyecto de Kicillof también incluye modificaciones a la Ley 13.074, que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con el fin de asegurar el cumplimiento de las cuotas alimentarias. Este último recibió media sanción recientemente y se unificó con otras propuestas legislativas que prohíben a los deudores alimentarios ser candidatos a cargos públicos en la provincia de Buenos Aires y municipios, así como aspirar a ser magistrados.
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