Imputan por violencia de género al diputado bonaerense Ricardo Lissalde y piden su desafuero: ¿Qué pasó?
El legislador de Unión por la Patria fue denunciado por una expareja en Saladillo. El fiscal pidió que se lo desafuere para avanzar con la causa. Hay fotos, testigos y videos en la investigación.
El diputado bonaerense Ricardo Lissalde, de Unión por la Patria, fue imputado por violencia de género y enfrenta un pedido de desafuero por parte del fiscal Roberto Javier Berlingieri, quien lo acusa por el delito de lesiones en un contexto de violencia hacia una mujer de Saladillo, ocurrido el 8 de febrero de este año.
La solicitud fue elevada a la jueza Delma Beatriz Capobianco, quien deberá decidir si da curso al pedido formal ante la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo es retirarle los fueros para que pueda ser citado a declarar bajo el artículo 308 del Código Procesal Penal, y eventualmente evaluar si corresponde imponerle alguna medida de coerción.
El hecho denunciado tuvo lugar en la tarde del 8 de febrero. Según consta en la causa, a la que tuvo acceso el portal INFOCIELO, Lissalde llegó en una camioneta Toyota Hilux al domicilio de la denunciante, quien habría sido su expareja. Luego de invitarla a subir al vehículo, habrían recorrido pocos metros y, sin mediar discusión, el legislador le pegó varios golpes en la cara.
La mujer se bajó del vehículo en estado de shock y fue vista por su hija, quien escuchó de su madre lo ocurrido. Para ese momento, Lissalde ya se había fugado del lugar. Ambas testificaron que no se trató de un hecho aislado, y que hubo otros episodios violentos y reiterados, aunque nunca antes habían sido denunciados por miedo a represalias.
En la causa constan fotos de las lesiones aportadas por la víctima y registros de las cámaras de seguridad del municipio de Saladillo, que fueron incorporados como prueba.
Ricardo Lissalde es abogado y escribano, y ya había sido legislador en períodos anteriores. En su trayectoria parlamentaria, integró la comisión de enjuiciamiento de magistrados y también trató temas vinculados a su formación profesional.
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¡Nos interesa tu opinión!Ahora, su situación judicial podría agravarse si la Cámara Baja decide aprobar el desafuero, lo que permitiría avanzar con la indagatoria y una posible medida de restricción.
El caso generó un fuerte impacto político en el oficialismo provincial, que aún no se expresó de manera pública. Se espera que en los próximos días se trate formalmente el pedido en la Legislatura.
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