La Justicia confirmó el procesamiento del exministro Jorge D’Onofrio
Los camaristas rechazaron los planteos de las defensas. Ratificaron así la resolución del juez de primera instancia así como el embargo de $350.000.000.
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La Sala I de la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del exministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, por presunto delito de lavado de activos de origen ilícito agravado.
En noviembre del año pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, había procesado a D’Onofrio por el delito de lavado de dinero y le había trabado un embargo por $350.000.000. La misma resolución alcanzó a Facundo Asensio, exdirector de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de VTV.
Los camaristas rechazaron los planteos de las defensas y ratificaron la acusación por lavado de activos vinculada a la compra de una camioneta de alta gama. En el caso del exfuncionario, el tribunal ratificó además el agravante por su condición de funcionario público .
La resolución, firmada el 2 de marzo de 2026, rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que cuestionaban la fundamentación del fallo de primera instancia y la valoración de la prueba.
Se trata de una derivación del expediente que denunciaba que D’Onofrio lideraba, junto a la concejal de Pilar Claudia Pombo, “una estructura criminal con división de funciones y jerarquías”, destinada a desviar fondos provenientes de multas de tránsito en municipios bonaerenses y blanquearlos mediante la compra de bienes muebles e inmuebles.
Uno de los ejes de la pesquisa fue la adquisición de una camioneta Audi Q8, registrada a nombre de Asensio por un valor declarado de $30.000.000, mientras que el seguro estimaba el costo del vehículo en más de $173.000.000. La investigación determinó que el uso, manejo y beneficios de la camioneta correspondían en realidad a D’Onofrio, quien abonaba el Telepase y figuraba como conductor autorizado desde el inicio. Luego, la camioneta fue vendida por más de 77 millones de pesos .
La operación incluyó un contrato de mutuo entre Asensio y la desarrolladora familiar Los Altos de Don Carlos S.A., que no registra actividad económica comprobable. Para la Justicia, esa estructura reforzó los indicios de una maniobra destinada a ocultar la verdadera titularidad del bien.
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