La Ley Penal Juvenil está vigente en Provincia: Revocaron el fallo de la jueza Marta Pascual
La decisión fue tomada por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora. En su fallo, la jueza de menores Marta Elba Pascual había ordenado mediante un habeas corpus una suspensión por 60 días.
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La Sala I de la Cámara de Apelación Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora revocó el habeas corpus que suspendía la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
El fallo que había dictado la titular del Juzgado de Responsabilidad Juvenil N.° 2 de ese departamento judicial, Marta Pascual, consideraba que no estaban dadas las condiciones para implementar la baja de la edad de la imputabilidad de los 16 a los 14 años en el territorio bonaerense. El caso se originó en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo que interpuso la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, una organización que salió en defensa de los adolescentes que queden expuestos al sistema de encierro.
La resolución de la magistrada había sido apelada por el fiscal Hernán Ceruti, a cargo de la Fiscalía de Ejecución Penal Juvenil de Lomas de Zamora.
"Suspender la aplicación de toda una ley mediante una medida cautelar resulta a todas luces inadmisible”, sostuvo el fallo de los jueces de la Sala I, Miguel Navascues y Miguel María Alberdi.
En su escrito, la jueza había planteado que avanzar con la normativa sin la infraestructura adecuada vulnera derechos fundamentales. Para fundamentar la suspensión temporal, se respaldó en el “principio precautorio” que rige en materia de derechos de niños, niñas y adolescentes. Bajo esta perspectiva, la magistrada advirtió que “no es necesario esperar a que el perjuicio consumado ocurra para intervenir”, sino que corresponde dictar medidas de resguardo preventivas frente al riesgo inminente de colapso en los centros de alojamiento.
Durante el proceso, el fallo se basó en los informes brindados por autoridades del propio Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. En distintas audiencias, los funcionarios expusieron un panorama crítico sobre la situación edilicia y de recursos humanos en los dispositivos vigentes, un diagnóstico que terminó por inclinar la balanza hacia la paralización temporal de la ley.
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