La Libertad Avanza pedirá juicio político a la jueza bonaerense que suspendió el Régimen Penal Juvenil
La magistrada Marta Pascual alegó que la Provincia no tiene recursos ni infraestructura para aplicar la norma en su resolución. "Es una jueza del poder, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política", sostuvo Sebastián Pareja, presidente del partido en provincia y diputado nacional.
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El presidente de LLA bonaerense y diputado nacional, Sebastián Pareja, anticipó que impulsarán el enjuiciamiento de la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
"Es una jueza del poder, de la política bonaerense, que piensa exclusivamente en los intereses de lo peor de la política. Está intentando frenar una ley votada democráticamente por el Congreso y que viene a resolver un problema que la sociedad viene reclamando", afirmó Pareja.
La denuncia deberá presentarse ante la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados provincial, órgano encargado de impulsar los jurys.
El espacio calificó la resolución de política y antidemocrática, mientras la magistrada sostuvo que no existen las condiciones necesarias para incorporar al sistema penal a adolescentes de 14 y 15 años.
El dirigente libertario vinculó el fallo con la inseguridad bonaerense. "Ellos no piensan en las condiciones materiales cuando se trata de las víctimas, sólo protegen a los delincuentes. Y la crisis que atraviesa la Provincia de Buenos Aires en términos de seguridad responde justamente a ese modelo", sostuvo.
Pascual hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el patrocinio de la abogada Patricia Liguori, en favor de adolescentes privados de su libertad.
La medida cautelar no declaró la inconstitucionalidad de la Ley 27.801, que redujo de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La magistrada suspendió provisoriamente su aplicación en territorio bonaerense por la falta de infraestructura, lugares adecuados de alojamiento, recursos y personal especializado.
El fallo plantea si el Estado puede ampliar el universo de adolescentes sometidos al sistema penal "sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables para cumplir los estándares constitucionales y convencionales que rigen toda privación de la libertad durante la adolescencia". Además, convocó para el 16 de septiembre a las 10 a una audiencia con funcionarios provinciales, quienes deberán informar qué medidas adoptaron, cuáles están planificadas y en qué plazos podrían ejecutarse.
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