Habló la jueza que suspendió el régimen penal juvenil en la Provincia: "Es pésimo que los menores estén encerrados"
Marta Elba Pascual defendió su decisión, se definió como "garantista" y aclaró que no está en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Pero advirtió: "Con esta ley no vamos a crear más seguridad".
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La jueza Marta Elba Pascual, quien suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires, defendió su resolución y explicó los argumentos detrás de una medida que generó fuertes críticas de dirigentes de La Libertad Avanza.
En declaraciones a Now 97.9, la titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°2 de Lomas de Zamora se definió como “garantista” y fue contundente al referirse a las condiciones de encierro de los adolescentes. Consultada sobre qué le parecía que los menores estuvieran “enrejados”, respondió: “Pésimo”.
Sin embargo, Pascual aclaró que su postura no implica estar en contra de bajar la edad de imputabilidad. “Yo no estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. Nuestros legisladores habrán decidido que esté en 14”, señaló, en referencia al nuevo régimen que comenzó a regir el sábado pasado.
“Yo no romantizo a los chicos que salen con un arma, pero hay una sensación como de que con esta ley le vamos a dar seguridad a la gente. Yo soy de la provincia de Buenos Aires y con esta ley no les vamos a dar seguridad”, sostuvo.
La jueza había hecho lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, con el que se cuestionaron las condiciones de alojamiento de los adolescentes privados de su libertad en territorio bonaerense.
A partir de esa presentación, Pascual dispuso la suspensión preventiva por 60 días de la aplicación de la Ley 27.801, ante las condiciones actuales de los dispositivos de alojamiento para jóvenes.
Según explicó, su preocupación está vinculada con que el sistema no cuenta actualmente con las condiciones necesarias para afrontar un eventual incremento de adolescentes detenidos. “Si no están los mecanismos para que se puedan dar estas medidas, esta ley no es beneficiosa para la sociedad ni para los jóvenes”, planteó.
Pascual también defendió el criterio de justicia restaurativa que aplica en sus fallos, orientado a que los jóvenes asuman responsabilidad por sus actos y puedan reconstruir sus vínculos con la sociedad.
En ese sentido, reclamó que existan herramientas concretas durante el cumplimiento de las medidas, como oficios, actividades y terapia. “Esto quiere decir: ¿qué vamos a hacer con los chicos que privemos de la libertad o que les apliquemos estas sanciones?”, se preguntó.
La magistrada sostuvo que el objetivo debería ser que los adolescentes puedan regresar a la sociedad con herramientas para evitar que vuelvan a delinquir. “Hay que tratar de devolverle a la sociedad un chico que esté en condiciones de poder circular psíquicamente”, afirmó.
También se refirió a la posibilidad de que la baja en la edad de imputabilidad y el riesgo de una pena de prisión funcionen como un desincentivo para que los menores delincan. En ese punto, consideró que la cuestión “no pasa por encerrarlos por el encierro mismo, sino por darles los mecanismos para cuando salgan”.
La suspensión del nuevo régimen
La resolución de Pascual suspendió por 60 días la aplicación de la Ley 27.801 en territorio bonaerense y fijó para el 16 de septiembre una audiencia con autoridades provinciales para conocer qué medidas se adoptaron y cuáles están previstas para implementar el nuevo régimen.
La normativa amplía el universo de adolescentes alcanzados por el sistema penal e incorpora a los jóvenes de 14 y 15 años para determinados delitos, además de establecer nuevas reglas para las actuaciones judiciales y las medidas que pueden aplicarse.
La jueza aclaró en su resolución que no se pronunció sobre la constitucionalidad de la ley, sino sobre las condiciones existentes en la Provincia y el riesgo que implicaría aplicar de manera inmediata un régimen que puede incrementar la cantidad de adolescentes sometidos a medidas de privación de libertad.
La decisión provocó críticas de referentes de La Libertad Avanza. La senadora Patricia Bullrich cuestionó al Poder Judicial bonaerense y lo calificó de “garantista”, mientras que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof y cuestionó su silencio frente a la suspensión.
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