Lanús: Concejal aclaró que no fue detenido en la causa por robo de petróleo a oleoducto de YPF
Alberto Torres, edil de Juntos por el Cambio, sí dijo que está "mencionado" por un "dirigente que militó conmigo en mi espacio" pero que ya no forma parte del mismo. Por el caso hubo 39 allanamientos en cuatro provincias y 21 detenidos por robo de petróleo a un oleoducto de YPF en Coronel Dorrego, destilación en Valentín Alsina y posterior venta ilegal del combustible.
Alberto Torres, concejal en Lanús por Juntos por el Cambio, aclaró que no se encuentra detenido ni lo estuvo en una causa federal que investiga el robo de petróleo de un oleoducto y su procesamiento en una destilería ilegal de Valentín Alsina para su posterior distribución.
Torres, de 73 años, se encuentra en libertad y a través de su cuenta de Twitter, confirmó que ayer se realizó un allanamiento en su casa pero que no se encuentra detenido ni incomunicado dado que no se habían encontrado pruebas en su contra.
Además sostiene que en realidad fue mencionado en la causa por Gerardo Rodríguez, una persona que supo militar en su espacio, el MOPEBO, entre 2013 y 2015, pero que ya no lo hace desde ese entonces. "Estoy muy tranquilo y a disposición de la justicia en lo que haga falta", agregó.
— Alberto Torres (@TorresAlbertoOs) September 2, 2020
Un total de 21 personas fueron detenidas en el marco de 39 allanamientos simultáneos llevados a cabo por una orden dispuesta por el juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé a pedido de la titular de la Fiscalía Federal N°2 de esa ciudad, Cecilia Incardona.
En la causa se investiga a una organización que robaba petróleo, lo destilaba y refinaba, y luego vendía su producto de forma clandestina tanto en el mercado formal como en el informal. Para esas acciones habrían dañado el medio ambiente de manera ostensible, lo cual también es materia del caso, según informó el portal del Ministerio Público Fiscal.
Los integrantes de la organización realizaban todo el circuito comercial, desde la extracción -a través de los oleoductos que pertenecen a la empresa estatal YPF- hasta el transporte y, en algunos casos, su destilación en una planta clandestina que vierte los desechos en la Cuenca Matanza-Riachuelo.
Durante los procedimientos se secuestró una importante cantidad de herramientas utilizadas para la punción de los oleoductos, a través de las cuales los miembros de la organización se apoderaban del petróleo propiedad del Estado Nacional.
Además de documentación, también fue secuestrada gran cantidad de dinero, aparatos de telefonía celular, computadoras, camiones utilizados para el transporte del material combustible sustraído y automóviles, entre ellos varios de alta gama.
La causa FLP 55058/2019 tuvo inicio en octubre de 2019 y desde sus comienzos intervino el Departamento de Delitos Ambientales de la Policía Federal Argentina (PFA), a cargo del comisario Rubén Haidar, cuyo equipo realizó las tareas dispuestas por la fiscalía.
Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos puntos del conurbano -tanto del sur, como del oeste y del norte- y del resto de la provincia de Buenos Aires, como Olavarría, Azul y Villa Ramallo, y en las ciudades de San Lorenzo (Santa Fe), General Roca (Río Negro) y Neuquén.
Para adquirir el producto los miembros de la organización contaban con la logística que les permitía efectuar perforaciones en el oleoducto que transporta el petróleo desde Puerto Rosales (Bahía Blanca) a la refinería más grande de YPF, ubicada en Ensenada, en el límite con La Plata.
En tanto, la principal planta que utilizaban para el refinamiento del combustible robado está ubicada en Valentín Alsina y es un establecimiento clandestino.
Según informó la fiscalía, la prueba reunida permitió acreditar que en febrero pasado la organización extrajo petróleo ilícitamente mediante punciones al oleoducto en inmediaciones de Coronel Dorrego y que para ello se habría alojado en la ciudad de Bahía Blanca.
Las escuchas sobre los imputados lograron determinar que para la maniobra se utilizaron tres camiones cisterna y cuatro choferes, y que se realizaba un circuito que permitía efectuar dos cargas de petróleo a la cisterna por noche. Para esa fase se utilizaban dos camiones. El tercero volvía a descargar el combustible robado en las plantas de refinamiento investigadas. Las operaciones se llevaban a cabo durante la tarde-noche y finalizaban cerca de las seis de la mañana, lo cual evitaba a los miembros de la organización ser vistos durante el día.
Los imputados habían implementado un mecanismo que les permitían transportar el petróleo crudo directamente desde el oleoducto hacia la cisterna de los camiones.
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