Las fundadoras del grupo IOMA Autoconvocados cuentan cómo viven los afiliados el colapso de la obra social bonaerense
Adriana Santi, Marcela Martinelli, Laura Jiménez y María Ignacia Fariña son docentes jubiladas. Desde Mar del Plata fundaron una agrupación que ahora reúne a miles de pacientes en toda la Provincia. En diálogo con LANOTICIA1.COM, contaron las dificultades para acceder a atención médica y tratamientos, y apuntaron contra la gestión de Homero Giles. “Hoy peregrinamos para poder atendernos”, advirtieron.
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Mientras el concejal libertario de Esteban Echeverría, Marcelo Mazzeo, denunció penalmente al gobernador Axel Kicillof y al titular del IOMA, Homero Giles, por presuntas irregularidades en la obra social provincial, un grupo de docentes jubiladas de Mar del Plata volvió a exponer la crisis sanitaria que atraviesan miles de afiliados en la provincia de Buenos Aires.
En diálogo con LANOTICIA1.COM, Adriana Santi, Marcela Martinelli, Laura Jiménez y María Ignacia Fariña —fundadoras del colectivo IOMA Autoconvocados— relataron las dificultades diarias que enfrentan los afiliados para acceder a prestaciones médicas básicas y tratamientos de discapacidad. “Hoy peregrinamos para poder atendernos. Un día te dan turno, y a la semana te lo cancelan porque IOMA no pagó”, denunció Santi.
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La docente jubilada recordó que “en 2023 perdimos las tres clínicas más importantes de Mar del Plata y nunca más volvieron a atender por IOMA”. Según explicó, en la ciudad “se instauró una gerenciadora llamada ACEAPP, que intermedia entre IOMA y los pacientes, dejando afuera a muchos centros de salud”. “Mientras esté este directorio, las clínicas no van a arreglar”, remarcó.
Por su parte, Laura Jiménez contó que “las clínicas querían actualizar un contrato prestacional del año 1990 y Homero Giles los maltrató. Les dijo que si no aceptaban sus condiciones, se iban a fundir”. Además, advirtió que “los policonsultorios que crearon no sirven para emergencias y muchos médicos dejan de atender sin previo aviso, por lo que los pacientes pierden su historia clínica”.
En tanto, María Ignacia Fariña señaló que “el área de discapacidad está totalmente abandonada. No se les paga a las acompañantes terapéuticas ni a los transportes, y hay hogares de ancianos al borde del cierre”. También denunció que “Kicillof critica a Nación por los recortes en discapacidad, pero acá paga la mitad. Es una hipocresía”.
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Las referentes explicaron que el grupo IOMA Autoconvocados, que reúne a más de 12 mil seguidores en redes sociales, nació en Mar del Plata pero hoy recibe reclamos “de toda la Provincia, desde el conurbano hasta el interior”. “Cuando viralizamos un caso, muchas veces al poco tiempo aparece una respuesta. Es evidente que nos leen, pero la ayuda llega solo cuando el tema explota en redes”, describieron.
Consultadas sobre su postura política, Fariña aclaró: “No somos militantes de ningún partido. Somos afiliadas que aportamos toda la vida y ahora no tenemos dónde atendernos. Recorrimos toda la ciudad juntando gente y nos acusan de radicales. Pero si mañana me da la mano Unión por la Patria, también la voy a aceptar. Acá el problema no es político: la gente se está muriendo sin dignidad. Yo, por ejemplo, ahora estoy hablando con vos y después capaz que me pongo a llorar, porque es terrible ver los casos, conocer a la gente y que encima nos digan viejas libertarias… cualquier cosa, no es así”.
Finalmente, Santi resumió el sentimiento que comparten miles de afiliados: “No tengo miedo de manifestarme, tengo miedo de enfermarme, porque si me enfermo, ¿a dónde voy?”.
Contexto judicial
La denuncia presentada por Mazzeo ante la Justicia Federal de La Plata acusa a Kicillof y Giles de administración fraudulenta, malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El edil también apuntó contra la Asociación Civil de Establecimientos Ambulatorios y Policonsultorios Privados (ACEAPP), creada por Giles en 2021, a la que acusa de “intermediación ilícita y conflicto de intereses”.
Según el escrito, el IOMA atraviesa “un colapso sanitario, desfinanciamiento y violación del derecho a la salud”, con demoras de más de 90 días en los pagos a prestadores y suspensión de tratamientos oncológicos y de discapacidad. Desde la Provincia negaron haber sido notificados sobre la presentación judicial.
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