Legislatura bonaerense: Diputados aprobó leyes para combatir el sobreendeudamiento familiar
Los legisladores aprobaron cuatro proyectos orientados a combatir el endeudamiento y limitar las prácticas de cobranza abusivas. La problemática, de acuerdo con los fundamentos de los proyectos, alcanza a más de 2 millones de bonaerenses.
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Durante la quinta sesión ordinaria del año, la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires aprobó cuatro iniciativas vinculadas al endeudamiento familiar y la morosidad.
Luego del acuerdo en comisiones entre diferentes bancadas, una de las iniciativas que recibieron el visto bueno es la presentada por los diputados Ana Luz Balor y María Noelia Saavedra, y los diputados Juan Ariel Archanco y Juan Martín Malpeli, todos de Fuerza Patria, orientados a fortalecer el marco de protección establecido por la Ley 13.133 —Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios— y a establecer herramientas específicas frente al endeudamiento de consumo, el endeudamiento digital y las cobranzas abusivas.
También sobre la misma temática, se unificaron las iniciativas impulsadas por los diputados Leonardo Moreno y Malpeli, que propusieron modificaciones a la Ley 13.133 para establecer un régimen general de protección de los intereses económicos de las y los consumidores sobreendeudados y crear un régimen judicial de reestructuración de deudas de consumo.
Otro es el que reúne propuestas de Silvina Vaccarezza (Cambio Federal) y la peronista Ana Luz Balor, que intentan limitar las prácticas abusivas en el reclamo de deudas, uno de los temas más repetidos.
Otro de los proyectos tratados fue el que presentó el presidente de bloque del peronismo, Facundo Tignanelli, donde se creará un Régimen Provincial de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Consumidores. La iniciativa cuenta con el respaldo de Guido Lorenzino, Defensor del Pueblo de la Provincia.
El fin es que la Defensoría acompañe a las personas sobreendeudadas de la Provincia, dejando de negociar cada deuda aisladamente y analizar la situación económica integral de la persona, evitando que un acuerdo con un acreedor haga imposible cumplir con los demás. También favorecer la conservación del crédito y el cumplimiento posible de las obligaciones, prevenir prácticas abusivas en el otorgamiento, administración y cobranza de créditos; disminuir la judicialización; y garantizar condiciones dignas, transparentes y no abusivas de cobranza. Luego este expediente siguió su aprobación en las comisión de Presupuesto e Impuestos.
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