Mar del Plata: Orden de restricción para que tres funcionarios municipales no se acerquen a concejales
Los tres denunciados integran la secretaría de Desarrollo Social. La titular del área declaró en contra de sus dependientes y dijo que los había advertido. La denuncia y restricción también abarca a tres sindicalistas. Los ediles denunciaron amenazas y violencia física.
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Tres concejales radicales, Daniel Nuñez, Gustavo Pujato y Marianela Romero; denunciaron amenazas y violencia física por parte de tres funcionarios municipales y tres sindicalistas y la Justicia les prohibió acercarse a menos de 200 metros de los denunciantes.
Los funcionarios acusados integran la Secretaría de Desarrollo Social y la jefa del área, según indica el portal local La Capital, declaró en su contra de sus dependientes. Dijo que le advirtieron sobre lo que iba a suceder.
La resolución es contra el subsecretario de Gestión Territorial, Daniel Teruel y los directores coordinadores de Desarrollo Social Lucas Amodey y Santiago Reyes. También alcanza al titular del Sindicato de Trabajadores de Casino, Lotería, Agencias e Hipódromos, Cristian Echeverría y los dirigentes del mencionado sindicato, Diego Paredes y Federico Cardozo.
Detalles de la denuncia
El expediente judicial se inició el 23 de marzo de este año cuando los ediles denunciaron ante la ayudante fiscal Carolina Castañeda que sufrían “coacciones, amenazas, hostigamientos y otras actitudes patoteriles por parte de los funcionarios municipales Amodey, Reyes y Terruel, así como también de los sindicalistas de la CTA, Echeverría, Paredes y Cardozo”.
En la presentación, reconstruyeron los hechos y relataron que el 8 de marzo pasado, en avenida Luro e Hipólito Yrigoyen, Reyes amenazó al concejal Nuñez con “hacerlo sufrir las consecuencias” de negarle el salón del comité de la UCR a la Juventud Sindical.
En tanto que aseguran que, el 21 de marzo, Teruel y Amodey ingresaron a la oficina de Nuñez del Palacio Municipal y le dieron un ultimátum: tenía hasta el jueves para dar una respuesta y que de no ser así “debería abstenerse a las consecuencias”.
Así, el 24 de marzo, Nuñez denunció que Paredes, Cardozo y otros miembros de la organización “quisieron obligarlos a bajar las banderas, utilizando la violencia física bajo amenaza de que la iban a pasar mal”.
El 26 de abril, la casa donde viven la exmujer y la hija de Nuñez,apareció con pintadas y la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola,declaró que estaba al tanto del ataque.
”A través de personas enviadas por la facción denunciada le hicieron llegar que escracharían su domicilio como también de otros funcionarios de la UCR”, detalló la funcionaria.
Y agregó que al enterarse de lo ocurrido en la vivienda de Nuñez “se sintió también intimidada en la medida que entendió que dicho episodio no se encontraba aislado de las referencias que le hicieron llegar meses atrás”.
En base a las pruebas presentadas, la jueza de Garantías Lucrecia Bustos ordenó una medida cautelar que le prohíbe a los denunciados acercarse a menos de 200 metros de los denunciados y de mantener todo tipo de contacto por cualquier medio.
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