Marcela Pagano denunció que el Gobierno de Milei habría usado fondos viales para conseguir votos en el Congreso
La diputada nacional aseguró que el Ejecutivo destinó recursos provenientes del impuesto a los combustibles a provincias cuyos legisladores acompañaron proyectos oficiales. Presentó una denuncia penal por presunta administración fraudulenta, cohecho y malversación.
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La diputada nacional Marcela Pagano lanzó una grave acusación contra el Gobierno de Javier Milei y sostuvo que los fondos provenientes del impuesto a los combustibles fueron utilizados para garantizar el acompañamiento de gobernadores y legisladores a distintas iniciativas impulsadas por el oficialismo en el Congreso.
A través de una serie de publicaciones, la legisladora afirmó que los recursos, que por ley tienen como destino las obras viales, fueron distribuidos entre distintas provincias en momentos clave de votaciones parlamentarias.
Según Pagano, en los días en que se trataron determinadas leyes se liberaron 3,44 veces más pagos que durante el resto del mes. Para la diputada, el comportamiento de las transferencias no sería casual y respondería a una estrategia de presión sobre los gobernadores.
La supuesta "lista de precios"
Pagano detalló una serie de transferencias que, según su denuncia, coincidieron con votaciones de proyectos impulsados por el Gobierno.
Entre los casos mencionados, señaló $17.139 millones durante el tratamiento de la reforma laboral, $12.551 millones en el marco de la Ley de Glaciares y $14.096 millones durante el debate de las iniciativas conocidas como Hojarasca y zonas frías.
De acuerdo con sus cálculos, esas tres votaciones concentraron $33.786 millones, equivalentes al 52,7% de todo lo pagado durante cinco meses.
La legisladora también incluyó en su relevamiento otros desembolsos vinculados a votaciones anteriores: $11.275 millones durante el tratamiento de la Ley Bases, $6.596 millones destinados a Santa Cruz tras la aprobación del DNU relacionado con el FMI, $7.895 millones para vialidad de Jujuy en coincidencia con el tratamiento de Ficha Limpia y $20.983 millones durante las votaciones de los vetos a jubilados y personas con discapacidad.
Las provincias señaladas
En su presentación, Pagano apuntó contra cinco gobernadores y detalló los montos que, según sostuvo, recibieron sus administraciones a través de organismos o empresas vinculadas a obras viales.
La lista incluye a Carlos Sadir, de Jujuy; Hugo Passalacqua, de Misiones; Osvaldo Jaldo, de Tucumán; Claudio Vidal, de Santa Cruz; y Gustavo Sáenz, de Salta.
Según la diputada, Jujuy recibió $11.987 millones a través de la empresa vinculada a la ruta 34, mientras que Misiones obtuvo $13.493 millones mediante la UTE de la ruta 105.
En Tucumán, Pagano señaló pagos por $2.322 millones destinados a vialidad provincial durante las tres ventanas analizadas. Para Santa Cruz mencionó $2.104 millones y aseguró que se trató del único pago del año, realizado en la víspera de una votación.
En el caso de Salta, indicó que fueron desembolsados $1.787 millones para vialidad provincial.
Pagano vinculó esas transferencias con el comportamiento de los legisladores de esas provincias y sostuvo que los representantes parlamentarios de los gobernadores mencionados acompañaron al oficialismo en las votaciones correspondientes.
Críticas al estado de las rutas
La diputada también cuestionó el destino concreto de los recursos y puso como ejemplo la ruta 307 de Tucumán.
Según afirmó, la obra lleva tres años de atraso y registra menos de un 20% de ejecución, pese a que los desembolsos se habrían realizado en coincidencia con las sesiones del Congreso.
En ese sentido, lanzó una de las principales acusaciones de su presentación: "No pagan asfalto: pagan manos levantadas", sostuvo.
Pagano agregó que existiría además más de $1 billón de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles colocado en plazos fijos, y cuestionó que esos recursos no sean destinados a infraestructura vial.
Denuncia penal contra funcionarios
A partir de la información que difundió, la diputada afirmó que decidió avanzar con una denuncia penal por presunta administración fraudulenta, cohecho y malversación.
Según explicó, solicitó que se incorporen los certificados correspondientes a cada operación, incluyendo la fecha de aprobación, la fecha de pago y la identificación de la persona que autorizó la liberación de los fondos.
Pagano también vinculó su presentación con la denominada causa Vialidad y mencionó al juez federal Julián Ercolini, ante quien, según señaló, quedó radicada la denuncia.
Las acusaciones formuladas por la diputada deberán ser investigadas por la Justicia para determinar si existió efectivamente una utilización irregular de fondos públicos y si las transferencias tuvieron relación con el sentido de las votaciones parlamentarias.
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