"Necesitamos que esto se resuelva ya": la dura realidad que golpea a familias con discapacidad en San Andrés de Giles
Pagos atrasados, terapias en riesgo y una ley vetada. Madres denuncian que el Estado no garantiza derechos básicos.
La situación de las personas con discapacidad y sus familias llegó a un punto límite en San Andrés de Giles. A principios de agosto, el Gobierno de Javier Milei vetó la ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada en junio por el Senado. La norma buscaba regularizar pagos a prestadores, actualizar aranceles y reformar pensiones no contributivas, pero fue calificada por el Ejecutivo como “regresiva y asistencialista” por su costo fiscal.
Para conocer el impacto concreto de esta decisión, el portal Infociudad entrevistó a Jesica Bergara, mamá de Tania, una niña con discapacidad motriz. “La situación es crítica y necesitamos que esto se resuelva cuanto antes”, advirtió con preocupación.
Bergara describió un escenario de pagos atrasados, falta de actualización de aranceles y burocracia que retrasa tratamientos y cirugías. “No hay actualización en el pago de los profesionales. Los prestadores no viven de la vocación; acá salimos todos perjudicados, primeramente las personas con discapacidad y su familia, y también los profesionales”, sostuvo.
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¡Nos interesa tu opinión!En el caso de su hija, el Estado aún no dio respuesta sobre una cirugía multinivel que necesita desde hace más de un año. “Gracias al trabajo que hace en kinesiología y lo que complementamos en casa, hoy está bien y puede esperar al próximo año. Pero es desgastante tener que andar siempre renegando con la burocracia de las obras sociales”, relató.
Tania asiste a kinesiología, psicopedagogía, terapia ocupacional y psicología. Según su mamá, esas terapias son un derecho y hoy “corren riesgo” por la falta de pago y la incertidumbre. “Conozco mamás que ya pagan las terapias de manera particular y hasta tuvieron que suspender algunas por no poder costearlo. Estoy agradecida con las profesionales que atienden a Tania y aguantan esta situación, pero no es sostenible: lo que cobran los prestadores hoy está muy por debajo de lo que debería ser”, remarcó.

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