Otra demanda: Tres Arroyos inició acción judicial contra el Gobierno nacional por los recortes al subsidio de Zona Fría
Se trata del régimen que impuso bonificaciones del 30% y el 50% a los usuarios. El Municipio enfatiza que la condición climática de Tres Arroyos permanece inalterada desde la promulgación del régimen en 2021.
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El municipio de Tres Arroyos, gobernado por Pablo Garate, inició una demanda contra el Gobierno nacional por los recortes al subsidio de Zona Fría, una medida aprobada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo.
La medida está orientada a preservar el beneficio adquirido por los municipios de la región, diseñado para morigerar el impacto de la tarifa de gas en zonas de bajas temperaturas.
Se trata de otra acción judicial impulsada para mantener el beneficio, tal como ocurrió con el amparo de la Defensoría del Pueblo en Mar del Plata y la del municipio de La Costa.
La acción impulsada desde la administración local ante la Justicia busca revertir la eliminación de la bonificación para diversas instituciones comunitarias —tales como clubes deportivos, entidades sin fines de lucro y organizaciones de bien público—, las cuales quedaron excluidas del beneficio impositivo en la nueva reglamentación.
Asimismo, la presentación objeta la alteración en el método de cálculo para los usuarios residenciales: el nuevo criterio abandona las deducciones directas del 30% y el 50% fijadas en el esquema previo y reduce la porción de la tarifa sujeta a descuento, derivando en una retracción efectiva del beneficio económico en las facturas.
Dentro de los fundamentos técnicos y jurídicos esgrimidos, el Municipio enfatiza que la condición climática de Tres Arroyos permanece inalterada desde la promulgación del régimen en 2021. Desde la comuna sostuvieron que el consumo elevado de gas en la zona responde a una necesidad meteorológica estricta y estructural, por lo que resulta arbitrario supeditar o restringir la cobertura climática en función de indicadores de ingresos socioeconómicos.
Con esta presentación, el Ejecutivo municipal pretende que la Justicia ordene una revisión integral de las resoluciones dictadas por el Poder Ejecutivo Nacional, argumentando que las mismas vulneran derechos adquiridos, introducen disparidades regresivas entre las distintas categorías de usuarios y comprometen el sostén operativo de familias e instituciones locales.
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