Provincia y distribuidoras apelaron la cautelar que frenó los aumentos de luz
El fallo es del Juzgado Contencioso Administrativo 1 de Bahía Blanca. La medida cautelar exige retrotraer los valores ante la falta de audiencias públicas para los usuarios.
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El Gobierno bonaerense y las cuatro distribuidoras eléctricas que operan en el interior del territorio y La Plata (EDEN, EDEA, EDES y EDELAP) apelaron el fallo judicial que congeló las subas y obligaba a reajustar los valores a los cuadros tarifarios previos.
La controversia ahora se trasladó ahora a la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, luego de que el juez Agustín López Cóppola, del Juzgado Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, concediera el recurso presentado por el Estado y las empresas.
La disputa se originó tras la aplicación de la Resolución N° 585/2026 dictada por el Ministerio de Infraestructura bonaerense. La norma autorizaba subas de entre el 1,5% y el 3,5% a partir del pasado 1 de julio. Ante esto, la Defensoría del Pueblo de la Provincia, conducida por Guido Lorenzino, interpuso una acción de amparo para frenar el impacto en el bolsillo de los usuarios.
El juzgado que tomó el caso inicialmente dictó una medida cautelar contundente. No solo suspendió las actualizaciones correspondientes a los componentes provinciales del servicio, sino que además ordenó la devolución total del dinero que las compañías eléctricas ya habían facturado bajo el nuevo esquema. Para justificar el freno, el magistrado interviniente apuntó de forma directa a la falta de audiencias públicas.
Frente al revés judicial, el Gobierno bonaerense acudió a los tribunales mediante la Fiscalía de Estado, en sintonía con las presentaciones de EDEN, EDEA, EDES y EDELAP. El principal objetivo de las prestatarias es conseguir que la apelación sea tratada con efecto suspensivo, lo que les permitiría volver a aplicar las subas vigentes desde julio mientras se resuelve la cuestión de fondo. Por su parte, el argumento que esgrime la Provincia cuestiona la obligatoriedad de convocar a una audiencia pública para este tipo de actualizaciones, según informó Noticias Argentinas.
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