¿Quién se queda con las rutas?: desde la Provincia denuncian que Nación quiere dejar afuera a AUBASA de las licitaciones
La empresa estatal bonaerense asegura que tiene capacidad técnica y recursos para gestionar más de 1.200 kilómetros de rutas nacionales en la Provincia —incluidas las rutas 3, 205 y 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas y Riccheri—, pero denuncia cambios en las reglas del proceso. Apunta al Gobierno de Milei por intentar excluirla de la licitación por motivos "ideológicos y políticos".
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En medio del proceso de licitación de más de 1.200 kilómetros de rutas nacionales en territorio bonaerense, el gerente general de AUBASA, Pablo Ceriani, cuestionó al Gobierno nacional y defendió la capacidad de la empresa estatal para quedarse con la concesión.
En declaraciones a Radio Provincia, el funcionario advirtió que durante el proceso “se cambiaron las reglas de juego varias veces” y remarcó que “faltando una semana para la presentación hubo cambios que no son comunes”.
Ante esa situación, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, pidió la intervención de las defensorías del Pueblo de la Nación y la Provincia con el objetivo de “garantizar la transparencia del proceso”.
Ceriani también apuntó contra la visión del Gobierno nacional: “Piensan que todo lo estatal está mal y que el sector privado es mejor que el Estado”. En ese sentido, consideró que existe un “sesgo ideológico” que perjudica las chances de AUBASA.
Además, sostuvo que el conflicto también tiene un trasfondo político. “A lo ideológico se mezcla lo político, porque el enemigo público número uno para el Gobierno es el Gobernador de la Provincia”, afirmó.
Por último, insistió en que AUBASA está en condiciones de asumir la concesión de los corredores viales. “Es el candidato natural porque tiene la capacidad técnica y financiera, además de los recursos”, aseguró.
Y concluyó con una advertencia sobre el estado de las rutas incluidas en la licitación: necesitan “mantenimiento y una puesta en valor fuerte” para mejorar la seguridad y garantizar la conectividad en la provincia de Buenos Aires.
Este lunes, Katopodis también había advertido sobre irregularidades al señalar que “a pocos días del cierre de ofertas, se cambiaron decenas de artículos del pliego”, y pidió la intervención de las Defensorías del Pueblo como veedores para garantizar la transparencia.
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