Tras los graves incendios en el delta, se reglamentó la Ley provincial de Manejo del Fuego
Había sido sancionada en 2016. El gobernador estableció los roles que ocupan cada área del Gobierno y creó el Consejo de Coordinación interministerial para el abordaje de la problemática. Además, la ley establece que los municipios deben elaborar planes locales de prevención y protección, al tiempo que les impone la promoción de medidas entre los vecinos.
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Tras los graves incendios en el Delta del Paraná y sus consecuencias para la salud y el ambiente, el gobernador Axel Kicillof decretó la reglamentación de la Ley Nº 14.892 de Manejo del Fuego para el territorio provincial.
La norma fue sancionada en 2016, es decir, pasaron casi seis años desde su sanción sin que la administración anterior, a cargo de María Eugenia Vidal, ni la actual, hasta ahora, redactaran las disposiciones que permiten su ejecución.
La norma impulsa la creación del Consejo de Coordinación Interministerial, conformado por los ministerios de Seguridad, Ambiente y Desarrollo Agrario, estableciéndolos como autoridades de aplicación de la ley. La Ley establece las funciones y misiones de los tres ministerios y brinda un marco normativo fundamental para el trabajo que realiza la Provincia para controlar y mitigar los incendios, se informó.
Además, la ley establece que los municipios deben elaborar planes locales de prevención y protección, al tiempo que les impone la promoción de medidas entre los vecinos.
La norma creó un Fondo de Prevención y Lucha contra incendios en áreas forestales y rurales, cuyos recursos proveienen de la asignación anual del Presupuesto, la recaudación por multas y sanciones, y hasta “donaciones” destinadas a tal fin.
En cuanto a la institucionalización del Consejo, "se podrá abordar la problemática de manera integral, partiendo de acciones de política pública de prevención, concientización, combate de los fuegos y restauración de los territorios afectados, fruto de una articulación fluida, la planificación y coordinación entre los actores", se indicó. "El trabajo interministerial robustece los Sistemas de Gestión y la capacidad de los equipos ante la aparición del fuego, en coordinación con los diferentes actores en el territorio", se añadió desde el Ejecutivo.
En términos de las misiones que tendrá cada ministerio, la Ley establece que Seguridad es la máxima autoridad frente a incendios forestales y rurales y tiene a cargo la coordinación del combate, la seguridad pública y las emergencias a través de la Dirección Provincial de Defensa Civil.
Por otra parte, Ambiente es el encargado de la educación ambiental para la prevención, el análisis de los daños en el ambiente y la calidad de vida y la restauración de los ecosistemas. Además, le corresponde determinar las medidas para velar por la recuperación de los suelos que se encuentren dentro de áreas protegidas. En cuanto a Desarrollo Agrario, su misión es el trabajo conjunto con los productores en la promoción, fiscalización y control de las actividades productivas agropecuarias que impliquen el riesgo o puedan requerir el uso del fuego a través de la reglamentación de las quemas prescriptas.
Asimismo se señaló que "el cambio climático efectivamente ha aumentado la temperatura de la atmósfera y esto va a redundar en eventos potencialmente adversos". "En este contexto, y sumado al accionar humano, los incendios son una problemática con la que vamos a convivir de acá en adelante", se subrayó.
La ley de Manejo del Fuego bonaerense establece la elaboración de un “mapa de zonificación de riesgo de incendios” y la prohibición del uso del fuego en el ámbito rural y forestal, con excepción bajo autorización explícita del Gobierno.
Prevé que “toda persona que tenga conocimiento de haberse producido algún incendio está obligada a formular de inmediato la denuncia ante la autoridad más cercana” y establece las sanciones correspondientes.
Los infractores tendrán una escala que comienza con apercibimiento, una multa de entre uno y 50 sueldos de la administación pública, y hasta la pérdida de “concesioes, privilegios, regímenes impositivos y crediticios”, más allá de las responsabilidades penales que correspondan.
Cada sumario deberá ser sustanciado en la jurisdicción donde se cometió la infracción, lo que implica que serán los municipios los que regirán el procedimiento administrativo correspondiente.
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