A diferencia de lo ocurrido en San Pedro, la Justicia de Rosario condenó a dos sindicalistas por los bloqueos a una pyme
La Justicia santafesina condenó a dos años y tres meses de prisión condicional a dos acusados por bloquear durante 90 días la empresa de la diputada Verónica Razzini. "Hacer huelga no es impedir por la fuerza que otros trabajen", advirtió el tribunal. El fallo choca con un caso similar en San Pedro, donde dos sindicalistas acusados de bloquear Rey Distribución recuperaron la libertad.
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Un fallo dictado en los tribunales de Rosario volvió a poner en el centro del debate el límite entre el derecho constitucional a huelga y los delitos cometidos durante protestas gremiales, marcando una clara diferencia con el criterio que liberó a los acusados por un conflicto similar en la ciudad bonaerense de San Pedro.
A través de un veredicto dado a conocer el último martes 10 de noviembre, el Tribunal Pluripersonal del Colegio de Jueces de Primera Instancia de Rosario —integrado por los magistrados Gonzalo Fernández Bussy, Mariano Aliau y Paola Aguirre— resolvió condenar a dos años y tres meses de prisión de ejecución condicional a dos hombres (identificados por sus iniciales como V. M. K. y G. E. C.) tras hallarlos penalmente responsables como coautores del delito de turbación de la posesión (artículo 181, inciso 3 del Código Penal) en perjuicio de las firmas de la diputada nacional de La Libertad Avanza Verónica Gabriela Razzini.
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Antes de dar lectura al veredicto, el presidente del tribunal, Fernández Bussy, dejó una definición que choca de lleno con los argumentos utilizados semanas atrás en los tribunales bonaerenses para absolver a dirigentes sindicales: "La Constitución protege la huelga con firmeza y precisamente por eso hay que saber qué es. Hacer huelga es dejar de trabajar para reclamar. No es impedir por la fuerza que otros trabajen, compren o vendan", sostuvo el magistrado al citar jurisprudencia de la Corte Suprema y convenios de la OIT.
El caso se originó en junio de 2020, cuando las plantas y depósitos de la empresa familiar de materiales de construcción Razzini Materiales SRL e Industrial SRL sufrieron un bloqueo de 90 días por parte del Sindicato de Camioneros de Santa Fe, que exigía el traspaso gremial de 18 de sus 100 trabajadores (encuadrados en Comercio y UOCRA). Tras aquella paralización —que incluyó amenazas y hasta un ataque a balazos contra el frente de la firma en 2022—, Razzini fundó el Movimiento Empresarial Anti Bloqueo (MEAB), una red de asistencia a pymes desde la cual dio luego el salto al Congreso nacional.
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Si bien el tribunal absolvió a un tercer acusado por el beneficio de la duda, declaró prescripta la acción por amenazas y descartó el delito de desbaratamiento de empresa, dejó firme la condena por el bloqueo luego de que el fiscal Germán Mazzoni reactivara el expediente antes de su prescripción. Además, les impuso a los condenados la prohibición absoluta de acercamiento en un radio de 200 metros a las sedes de la firma y de contactar a Razzini y otros directivos, bajo advertencia de revocar la condicionalidad y hacer efectiva la cárcel si incumplen las reglas. "Es muy cortito, pero se habla bien de las penas y de los delitos", destacó la legisladora en un mensaje tras conocerse el veredicto, mientras la querella —a cargo del abogado Pablo Salvatori— aguarda que en los próximos días se publiquen los fundamentos completos.
El contraste con San Pedro y la presencia de Ariel Rey
La condena en Santa Fe —que contó con el acompañamiento presencial del empresario y concejal sampedrino Ariel Rey en los tribunales rosarinos— contrasta frontalmente con lo ocurrido semanas atrás en la causa por el bloqueo que sufrió en febrero de 2021 la distribuidora Rey Distribución, en San Pedro. En aquel episodio, el Sindicato de Camioneros estacionó un micro frente al portón de la empresa y quemó neumáticos en reclamo del encuadramiento gremial de los empleados, impidiendo durante dos días la entrega de cajas de alimentos a escuelas y motivando la intervención presencial de la fiscal María del Valle Viviani para liberar el acceso.
Por ese conflicto y una denuncia paralela por pedido de coimas, estuvieron detenidos durante más de cuatro años el dirigente camionero y exconcejal de San Nicolás Maximiliano Cabaleyro y el delegado sampedrino Fernando Espíndola. Sin embargo, el pasado 14 de octubre, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Nicolás, presidido por el juez Alejandro López, dictó la absolución de Cabaleyro —para quien la fiscalía había pedido diez años de prisión— y de seis exempleados de la firma, al considerar que no se acreditaron los delitos de extorsión ni de turbación de la posesión y encuadrar la protesta dentro del ejercicio legítimo del derecho a huelga. Días después, Espíndola también recuperó la libertad condicional tras acordar una pena de seis años en un juicio abreviado.
"Vamos sumando precedentes en la Justicia contra los bloqueos todos los meses; si bien tuvimos ese batacazo doloroso que fue el fallo de San Nicolás por Rey Distribución, después tuvimos el fallo de FADEMI, la semana pasada una sentencia en La Matanza que cuestionó esas protestas y hoy tenemos el fallo de nuestra causa", celebró Razzini tras la audiencia en Rosario. Mientras en San Pedro los hermanos Gustavo y Ariel Rey confirmaron que apelarán ante Casación y el diputado Passaglia impulsó un pedido de jury contra el juez López, la sentencia santafesina sienta un precedente judicial opuesto sobre la misma figura penal.
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