"Afectaría los derechos de los habitantes de la Provincia": Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó corte de agua por falta de pago
La medida fue habilitada por decreto. Se aplicaría luego de 60 días de atraso en el pago desde el segundo vencimiento. La Defensoría pidió que los organismos no la apliquen.
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Mientras avanza la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el gobierno ha autorizado por decreto a las empresas a cortar el servicio de agua potable por falta de pago. La Defensoría del Pueblo bonaerense reclamó al gobierno nacional que lo modifique.
El Decreto 493/2025 sustituyó al 304/2006, y especifica que “el diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere”. Además, señaló que existe un contexto de “profunda crisis económica que limita severamente la capacidad del Estado para sostener y expandir la prestación del servicio público”.
En ese contexto, autorizó a la empresa a “efectuar el corte de servicio en caso de mora”, además de entregarle “amplias facultades para revisar y auditar todas las obras que se ejecuten dentro del Área Regulada” y permitirle la “construcción como garantías de los fondos provenientes de Contrato de Concesión para garantizar el repago del financiamiento”.
Según el organismo que preside Guido Lorenzino, la medida es “inconstitucional e irrazonable”. El pedido del organismo es para modificar el decreto que introdujo cambios sustanciales en la regulación del servicio permitirá a la empresa interrumpir el suministro luego de 60 días de atraso en el pago desde el segundo vencimiento, cuando antes sólo se producía una restricción parcial.
“Estamos ante una decisión inconstitucional e irrazonable, ya que existen alternativas menos perjudiciales para garantizar la continuidad de este servicio público esencial. De aplicarse, afectaría profundamente los derechos humanos de las y los habitantes de la Provincia”, indicó Lorenzino.
Además, la Defensoría le recomendó al Ministerio de Economía de la Nación, al Órgano de Contralor (ERAS) y a AySA que hasta tanto se produzca esta modificación en el decreto se abstengan de implementar los cortes totales del servicio.
En su postura, el organismo considera al suministro del agua potable y cloacas como un derecho humano esencial. Además, indicó que este tipo de modificaciones no debe hacerse por DNU sino mediante una ley, y que tanto el Estado como las empresas públicas o privadas deben garantizar el contenido mínimo esencial del agua, incluso frente a la falta de pago.
Otra dirigente que se expresó fue la expresidenta de AySA y senadora provincial electa, Malena Galmarini: “Un decreto no está por encima de la ley, señores. “Si es dentro del reglamento, vale” dijo el Presidente. Pero no. Cortar el agua no. Existe una ley de creación y marco regulatorio que no lo permite, existe jurisprudencia de la Corte Suprema que tampoco. El agua es esencial a la vida humana. El agua es vida. No nos quedaremos de brazos cruzados!”.
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