Allanaron la Unidad 26 de Olmos por la banda acusada de extorsionar al gendarme que se suicidó en la Quinta de Olivos
El operativo se realizó en el penal de Lisandro Olmos tras confirmarse que uno de los acusados por la maniobra extorsiva estaba detenido allí. La investigación por la muerte de Rodrigo Andrés Gómez apunta a una organización que operaba desde cárceles bonaerenses mediante aplicaciones de citas.
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El allanamiento en la Unidad Penitenciaria N° 26 de Lisandro Olmos, en La Plata, marcó un nuevo avance en la investigación por el suicidio del gendarme Rodrigo Andrés Gómez, ocurrido el 16 de diciembre de 2025 en la Quinta de Olivos.
La medida fue ordenada por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, luego de que se confirmara que uno de los acusados por la extorsión estaba alojado en ese penal bonaerense.
Cómo fue el operativo en Olmos
El procedimiento se concretó tras tareas de la Policía Federal Argentina, que ya había vinculado a internos de la Unidad Penitenciaria N° 36 de Magdalena con la maniobra investigada.
Durante el allanamiento en Olmos, los agentes realizaron requisas en pabellones específicos y secuestraron teléfonos celulares, dispositivos electrónicos y otros elementos de interés para la causa. Además, detuvieron a tres hombres y cuatro mujeres presuntamente vinculados a la estructura.
Dos de los detenidos estaban alojados en Magdalena y el tercero en Olmos. Todos quedaron imputados por los delitos de “averiguación de causales de muerte” y “extorsión”.
Cómo operaba la banda que extorsionó al gendarme
La investigación permitió reconstruir el mecanismo de la organización, que operaba desde cárceles de La Plata y Magdalena utilizando aplicaciones de citas como punto de partida.
Según detallaron fuentes judiciales y reconstruyó el portal 0221 en base a la pesquisa, el primer contacto se daba a través de perfiles falsos de mujeres. En el caso de Gómez, el nombre utilizado fue Julieta Ayelén Cardozo, con fotos obtenidas de internet.
Tras iniciar conversaciones e intercambiar imágenes íntimas, aparecía una supuesta madre que enviaba audios alterados, asegurando que la joven era menor de edad y exigiendo dinero. Luego intervenía un falso policía que advertía sobre una causa judicial en trámite y ofrecía “frenarla” a cambio de transferencias urgentes.
En el caso del gendarme, los extorsionadores usurparon la identidad de Matías Nahuel Conti, efectivo real de la Policía de la Ciudad, quien nunca tuvo vinculación con el hecho.
El dinero era transferido a cuentas bancarias a nombre de mujeres vinculadas a la organización, que actuaban como intermediarias. Luego los fondos eran redistribuidos para dificultar el rastreo. En la causa se comprobó, entre otras operaciones, una transferencia de $600.000.
Los investigadores identificaron al menos nueve víctimas más con el mismo modus operandi.
Los principales acusados
Con el avance de la investigación, la Justicia señaló como presunto líder a Tomás Francavilla (22), conocido como “Nahuel Contti”, detenido en la Unidad N° 36 de Magdalena por robo a mano armada.
También fueron identificados:
- Kevin Manuel Sandoval, alojado en la Unidad N° 26 de Lisandro Olmos.
- Mauricio José Duarte Arecó, detenido en Magdalena.
Según la causa, los tres administraban perfiles falsos, organizaban los contactos y controlaban el circuito del dinero.
En las últimas horas también fueron detenidas las mujeres que recibían las transferencias producto de las extorsiones. Los principales acusados serán trasladados al Servicio Penitenciario Federal (SPF) bajo un régimen de alto riesgo.
La carta que fue clave en la investigación
Una carta manuscrita hallada en la escena fue determinante para orientar la investigación. En el texto, Gómez mencionaba problemas económicos, deudas y una aplicación de citas que lo había puesto en una situación límite.
“Quien diría que entrar a una app de citas me traería muchos problemas. A partir de esa app estoy con problemas legales y muchas deudas. Y ni siquiera con esos policías puedo solucionar nada porque, supuestamente, si les pagaba esto se solucionaba. Solo parece ser una estafa porque piden plata y más plata…”, escribió.
La jueza Arroyo Salgado ordenó peritajes caligráficos y una extracción forense del teléfono celular para reconstruir las comunicaciones previas al hecho. La División Homicidios de la Policía Federal interviene en la causa.
En conferencia de prensa, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y la magistrada explicaron que el foco de la investigación está puesto en desentrañar el funcionamiento completo de la organización más allá del desenlace trágico.
La causa continúa en plena etapa de análisis de dispositivos y trazabilidad de transferencias bancarias.
FUENTE: 0221
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