CARBAP pidió a los Diputados que acompañen la iniciativa que incorpora el “Vandalismo rural” al Código Penal
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) valoró el dictamen de comisión. Los detalles del proyecto que busca sancionar con penas de prisión los ataques a la producción agropecuaria.
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La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) expresó su respaldo al dictamen de mayoría alcanzado recientemente en la Cámara de Diputados de la Nación para la iniciativa que busca incorporar al Código Penal figuras específicas para tipificar el vandalismo rural, una problemática que afecta desde hace años a los productores de todo el país y la provincia.
El proyecto, que ya cuenta con el aval necesario para ser tratado en el recinto, pretende establecer sanciones concretas contra quienes dañan cultivos, silobolsas, alambrados, sistemas de riego y otros bienes esenciales para la actividad agropecuaria.
El comunicado de la institución que preside Pablo Ginestet enfatiza que quienes habitan y producen en el campo merecen las mismas garantías de seguridad que los ciudadanos en zonas urbanas.
Desde la entidad indicaron: “Se trata de un paso importante frente a una problemática que afecta desde hace años a productores de todo el país: daños sobre cultivos, silobolsas, alambrados, instalaciones, sistemas de riego, animales y otros bienes indispensables para el desarrollo de la actividad agropecuaria. Y a las familias rurales que quieren vivir con las mismas garantías de seguridad que los que viven en las zonas urbanas”.
Por este motivo, CARBAP hizo un llamado directo a los legisladores, con especial énfasis en los representantes de Buenos Aires y La Pampa, para que prioricen la seguridad rural por encima de las diferencias políticas partidarias.
El proyecto, impulsado por el diputado Martín Ardohain (PRO), obtuvo el dictamen de mayoría durante un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería, y de Legislación Penal. La presidenta de esta última, Laura Rodríguez Machado, confirmó que la iniciativa logró 41 firmas de los 66 legisladores presentes. El texto contó con el apoyo de bloques como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y Provincias Unidas, mientras que Unión por la Patria y la izquierda presentaron despachos de minoría.
La propuesta establece penas de prisión de un mes a un año para quienes ingresen a un establecimiento rural contra la voluntad de su propietario. Asimismo, contempla sanciones más severas, de dos a ocho años de cárcel y multas de hasta 12 veces el valor del daño causado, para quienes destruyan el ciclo productivo, el stock de materias primas o la infraestructura del establecimiento. Esto incluye ataques a cereales, oleaginosas, silobolsas y cualquier unidad de almacenamiento.
Para CARBAP, la seguridad rural no debe quedar atrapada en debates políticos. La entidad sostiene que la protección de la producción debe constituirse como una política de Estado. "La seguridad rural no tiene partido político. Garantizarla y brindar herramientas para prevenir y sancionar estos hechos debe ser una responsabilidad compartida por todos", señalaron desde la organización. La expectativa del sector agropecuario es que el debate en el recinto permita avanzar en una respuesta efectiva ante los daños que sufren los productores en sus campos.
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