El radical bonaerense Abad se pronunció en contra de la ley de Inviolabilidad de la propiedad privada
Maximiliano Abad si bien se posicionó en que "defender la propiedad privada es determinante para condiciones para la inversión", ello "no implica acompañar cualquier disposición". "Las inversiones extranjeras no van a venir solamente porque se flexibilice una ley o porque se conceda beneficios extraordinarios", sostuvo.
El senador de la UCR Buenos Aires Maximiliano Abad manifestó su rechazo en general al proyecto de ley de inviolabilidad privada que la Cámara alta debate desde este jueves y por el cual el oficialismo debió ceder con varios cambios para lograr que se apruebe.
Abad sostuvo que el proyecto se debería haber tratado temas por separado y no todo junto, por que de ella da cuenta “meses de marchas y contramarchas, de proyecto y capítulos que sacaron antes del dictamen, de capítulos que sacaron pos dictamen y las modificaciones que se produjeron”.
Dicho ello, el radical se posicionó claramente en que “defender la propiedad privada es determinante, para garantizar seguridad jurídica, generar condiciones para la inversión, un principio que nosotros debemos defender a rajatabla", pero que hacerlo “no implica acompañar cualquier disposición que se incorpore bajo ese título en una ley que contiene muchos capítulos y absolutamente diferentes”.
Abad destacó que que se haya sacado el capítulo con cambios a la Ley de Tierras Rurales porque el mismo, según dijo, “limitaba la soberanía, podía poner en riesgo la seguridad nacional y de ninguna manera garantiza el fortalecimiento de la producción y del campo argentino”. “Una reforma de tal magnitud de ninguna manera puede reducirse a eliminar límites ni eliminar controles. Porque defender la soberanía en pleno Siglo XXI no es cerrar la economía de un estado. Es garantizar y sostener la capacidad estratégica de poder decidir sobre los recursos que hacen al futuro de nuestro país”, señaló.
También celebró que meses atrás se haya sacado del proyecto “el desmantelamiento de la Ley de los Barrios Populares” porque “permitir los desalojos de un día para el otro hubieran puesto a miles y a miles de familias en una situación de muchísima incertidumbre”. “En mi provincia, la provincia de Buenos Aires, hay más de 2,7 millones que viven en barrios populares. Pero evitar un retroceso no implica, de ninguna manera, que el problema se resolvió o se vaya a resolver. La crisis habitacional sigue latente, es una realidad y exige un trabajo conjunto entre Nación, provincias y municipios para dar una respuesta”, indicó.
Asimismo con relación a las modificaciones de la Ley de Manejo del Fuego donde se suprime la protección posterior a los incendios para bosques implantados, humedales, zonas naturales y zonas agropecuarias el mismo “está viciado de inconstitucionalidad” y vaticinó que “va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica que este proyecto viene a buscar, con el objetivo de fortalecerla, desde mi punto de vista en este capítulo se debilita”.
“El objetivo principal del gobierno con esta ley y también con el Super RIGI que empezó a tratarse en comisiones, es generar condiciones para la inversión extranjera y de esa manera poder impulsar el crecimiento de un ciclo de crecimiento económico. El problema es que a mi juicio, las inversiones no van a venir solamente porque se flexibilice una ley o porque se conceda beneficios extraordinarios. Las inversiones van a venir si en nuestro país hay estabilidad, hay instituciones fuertes y sólidas. Si en nuestro país tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo”, concluyó.
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