La Provincia denunciará penalmente a Milei y Caputo por el manejo del Fondo Hídrico: "Obras no, timba financiera sí"

El gobierno de la provincia de Buenos Aires denunciará penalmente al presidente Javier Milei, al ministro de Economía, Luis Caputo, y a otros funcionarios nacionales por presuntas irregularidades en el manejo del Fondo Hídrico, destinado a financiar obras para prevenir inundaciones y recuperar tierras productivas. El anuncio fue realizado por el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, quien cuestionó la falta de inversiones en un contexto de preocupación por el fenómeno de El Niño. “Vamos a denunciar penalmente a Milei y a Caputo por el incumplimiento de la ley y el abandono nacional en infraestructura hídrica”, escribió el funcionario en sus redes sociales. Y lanzó una de las frases más duras contra la administración nacional: “OBRAS HÍDRICAS NO, TIMBA FINANCIERA SÍ”. Según los datos presentados por la administración bonaerense, el Fondo Hídrico recibe el 4,31% de la recaudación del Impuesto a los Combustibles, con el objetivo de financiar intervenciones para reducir el riesgo de inundaciones. Sin embargo, la Provincia sostiene que una parte importante de esos recursos no se destinó a obras. Durante una conferencia de prensa, Katopodis mencionó posibles delitos de malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario público, entre otras irregularidades que buscarán determinar mediante la presentación judicial. El Fondo Hídrico y las obras que podrían financiarse Uno de los principales cuestionamientos del ministro apunta al destino de los recursos acumulados. De acuerdo con las cifras difundidas por el gobierno bonaerense, al cierre del primer trimestre de 2026 el Fondo Hídrico contaba con $339.993 millones, de los cuales $290.676 millones estaban colocados en Letras del Tesoro. Katopodis aseguró que ese dinero permitiría financiar obras de importancia para distintos puntos del territorio bonaerense. Como ejemplos, señaló que el saldo del fondo alcanzaría para ejecutar 40 obras similares a la adecuación del cauce del río Areco, ocho intervenciones como la reconstrucción del Canal Maldonado, en Bahía Blanca, o tres proyectos equivalentes al mejoramiento del tramo medio del río Luján. “No solo eso. Caputo usó créditos aprobados en 2023, destinados a prevenir inundaciones, para refinanciar deuda”, denunció el ministro en X. La presentación se produce en un escenario de preocupación por la saturación de los suelos en distintos sectores de la provincia, especialmente en zonas del norte, noroeste y este bonaerense. Según advirtió Katopodis, la humedad acumulada podría agravar las consecuencias de futuras precipitaciones ante la llegada de El Niño. “En este contexto de El Niño, esto es de una gravedad absoluta”, sostuvo, y responsabilizó al Gobierno nacional por los daños que pudieran producirse como consecuencia de la falta de obras preventivas. Mientras reclama recursos y autorizaciones a la Nación, la administración de Axel Kicillof lleva adelante intervenciones hidráulicas en territorio bonaerense. Entre las medidas mencionadas por Katopodis figuran 33.000 horas de maquinaria para limpiar arroyos y canales, 99 convenios para intervenir cursos de agua del conurbano y la puesta en marcha de un sistema de monitoreo meteorológico que comenzará con 40 estaciones y prevé ampliarse a más de 400. Katopodis también impugnará el aumento de AySA El ministro bonaerense confirmó, además, que la Provincia participará de la audiencia pública convocada para el 26 de octubre, en la que buscará impugnar el aumento tarifario de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y reclamar un plan de obras para ampliar las redes de agua potable y cloacas. “Vamos a participar de la audiencia pública para impugnar y rechazar el tarifazo de AySA y exigir un plan de obras”, anticipó Katopodis en su publicación. El funcionario cuestionó la privatización de la empresa y advirtió que, a su entender, el proceso no garantiza nuevas inversiones ni la extensión de los servicios a los sectores que todavía carecen de conexiones. “La privatización de AySA condena a millones de argentinos y argentinas a seguir sin agua potable ni cloacas”, afirmó. También sostuvo que la rentabilidad de los futuros operadores y los aumentos tarifarios no aseguran la expansión de la infraestructura. Según las cifras expuestas por el gobierno bonaerense, el 24,5% de la población del Área Metropolitana de Buenos Aires, unas 3,7 millones de personas, no tiene acceso al agua de red. En tanto, el 36,4%, equivalente a 5,5 millones de habitantes, carece de conexión cloacal. Katopodis recordó que, cuando comenzó la actual gestión nacional, AySA tenía 273 obras en ejecución. En ese marco, cuestionó el rumbo de la política del Gobierno nacional y defendió la administración pública del servicio. “Nunca nadie dañó tanto a la provincia de Buenos Aires como el gobierno del presidente Milei”,