Por qué Axel Kicillof es el centro de las críticas de la oposición por fallo de YPF
Era viceministro de Economía cuando se oficializó la expropiación de YPF. El Fondo que le inició la demanda al Estado argentino, utilizó declaraciones del actual gobernador de aquel entonces a su favor. "Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución", se defendió Kicillof.
El gobernador Axel Kicillof cruzó a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, al afirmar que si el yacimiento Vaca Muerta correspondiera a su jurisdicción le pagaría al Fondo Monetario Internacional (FMI) "los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes" y abonaría el resarcimiento por la expropiación por parte del Estado de la petrolera YPF, ocurrida en 2012.
"Danos Vaca Muerta para la Provincia de Buenos Aires que nosotros ponemos la guita y además le pagamos al FMI los 45.000 millones de dólares que se fugaron ustedes", publicó Kicillof en su cuenta de la red social X (ex Twitter) en respuesta a un posteo de Bullrich.
El gobernador bonaerense -que fue viceministro de Economía cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner oficializó la recompra del 51% de las acciones de YPF en 2012- le contestó de esa manera a Bullrich, quien había afirmado en su cuenta de la misma red social que "el kirchnerismo" debe pagar un resarcimiento solicitado por la jueza Loretta Preska, desde Nueva York.
Luego, Kicillof agregó: "Este juicio surge porque los fondos buitre pretenden poner al estatuto de YPF por encima de la ley y de la Constitución."
La magistrada estadounidense falló de la forma más dura posible por la estatización de YPF en el año 2012, en un fallo que el Gobierno nacional apelará.
Dónde se originó la demanda
La demanda principal del hedge fund Burford Capital, se sostiene en que, según el artículo 7° del Estatuto de YPF, si alguien compraba más del 15% de la empresa debería ofrecer lo mismo a todos los accionistas y no sólo a Repsol. Además, se alega perjuicio porque tras entrar en la compañía (los primeros interventores fueron los entonces viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el ministro de Planificación Federal, Julio de Vido), el Estado decidió suspender el giro de dividendos que había sido acordado entre Repsol y el Grupo Petersen, lo que desencadenó que las empresas de los Eskenazi entraran en default al no poder pagar sus deudas.
Burford Capital utilizó como argumento en su demanda la intervención de Kicillof ante el plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales, y Minería, Energía y Combustibles del Senado, el 17 de abril de 2012, cuando se debatía la expropiación de YPF.
Entonces, Kicillof, que se desempeñaba como viceministro de Economía, se refirió al artículo 7° del estatuto de la compañía, al señalar que “en ese leonino estatuto interno que dijeron que si alguien osaba poner un pie, como al propio Estado… Porque créanme que si uno quería comprar acciones para entrar a la compañía y pasaba el 15%, pisaba la trampa del oso y tenía que comprar el ciento por ciento a un valor equivalente a US$ 19.000 millones. ¡Porque los tarados son los que piensan que el Estado tiene que ser estúpido y comprar todo según la ley de la propia YPF, respetando su estatuto! ¿Si no dónde está la seguridad jurídica? Señores, fue una empresa, se reunieron y dijeron: ‘¿Cómo podemos hacer para que nadie nunca intervenga en el control de la compañía?’”.
En defensa de esta posición, Santiago Pérez Teruel, abogado del equipo de Kicillof, indicó a Chequeado.com sobre el artículo 7° que “lo que decidió el Congreso fue aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y lo que correspondía hacer era el proceso constitucional vigente de expropiación. Esta decisión se toma porque hay un interés público comprometido, que, en este caso, era el control de una empresa que es clave para el desarrollo estratégico del país”.
En ese contexto, Pérez Teruel sostuvo que “se está discutiendo si se aplica una regulación comercial o si el Estado tiene capacidad soberana para expropiar un bien cuya utilidad reporta un beneficio para los argentinos”.
Más repercusiones en la oposición
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