Privatización de AYSA: El Gobierno recibirá menos dinero por la venta de lo que esperaba
El consorcio integrado por Rowing, Arcos Saneamiento e Participações, Transclor y el fondo PHX Aqua presentó la propuesta más alta de USD 340,2 millones. Hace unos meses, el titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, Diego Chaher, estimaba USD 500 millones. Denuncia de la oposición.
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El Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, realizó la apertura de las ofertas económicas mediante la cual se seleccionará al operador estratégico de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), y cuyo capital a entregar corresponde al 90% del paquete accionario.
La oferta económica presentada por Rowing S.A. (Walter Román), Arcos Saneamiento e Participações (operadora de Río de Janeiro), Transclor (Mauricio Filiberti) y el fondo de inversión neerlandés PHX, fue de USD 340.200.000 mientras que ROGGIO ROAS S.A.- Consorcio Roggio Roas S.A.U y otros presentó una oferta por un monto de USD 285.000.000.
La apertura de las ofertas constituye un nuevo paso en la privatización de AySA, que contempla la transferencia al sector privado del 90% de las acciones de la compañía, mientras que el 10% restante continuará en manos de los trabajadores a través del Programa de Propiedad Participada.
Sin embargo, la mayor oferta corresponde a una cifra inferior a lo que esperaba el Gobierno nacional. En palabras de Diego Chaher, titular de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, estimaban como “mínimo, unos u$s 500 millones”, en declaraciones a Ámbito formuladas en el mes de julio.
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Según el comunicado del Ministerio de Economía, AySA, que presta servicios de agua potable y desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense, “era un modelo de disfunción administrativa”.
“Entre 2006 y 2023, la empresa recibió transferencias del Tesoro Nacional por más de USD13.400 millones . Sin embargo, un tercio del área concesionada todavía no cuenta con acceso a agua potable y cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos aumentaron 80%. El gobierno nacional del presidente Javier Milei está comprometido a cuidar los recursos de los pagadores de impuestos y de cuidar los servicios que reciben los Argentinos”, señalaron.
Y precisaron que “uno de los aspectos centrales del nuevo esquema es el compromiso obligatorio de inversión” ya que “el nuevo contrato de concesión establece para el período 2027-2031 un Plan de Acción por $2,89 billones, a valores de diciembre de 2025 y sin IVA, que deberá ser ejecutado por el concesionario”. El programa contempla aproximadamente $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones destinados a la operación, con el objetivo de ampliar la cobertura, renovar infraestructura, mejorar la eficiencia y sostener la calidad del servicio, indicaron.
Las obligaciones de inversión están vinculadas además a metas concretas de expansión: para 2031 se prevé alcanzar una cobertura del 75,3% en agua y del 63,9% en cloacas, mientras que al finalizar el período inicial de concesión deberán alcanzarse como mínimo niveles del 90% y 75%, respectivamente.
La oposición en el Congreso objeta el proceso que está llevando adelante el gobierno no sólo con AySA sino con todas las privatizaciones de las empresas públicas. Integrantes de la bicameral que debe controlar el proceso de venta, solicitaron a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas que se investigue al mencionado Chaher, al presidente del Tribunal de Tasaciones, Julio Villamonte, y a las autoridades del BICE por "graves irregularidades en las privatizaciones de empresas públicas". Los opositores advirtieron que "cambiaron el método de valuación y declararon secretas todas las tasaciones, desplazando al Tribunal de Tasaciones", además de no informar a la Comisión Bicameral.
Por otro lado, el exdiputado provincial y exinterventor del Ente Regulador de la Energía, Walter Martello, señaló que se presentó a la justicia federal con un amparo colectivo y un pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275) donde intenta saber cuánto vale AySA y cuál es su pasivo ambiental, información que quedó reservado a los oferentes privados, según dijo.
Además señaló que uno las empresas del consorcio que presentó la oferta más alta, Rowing, integra el holding Equo Capital, y dos empresas de ese mismo holding, Direct Group y Lógico, aportaron $20 millones cada una a la campaña de La Libertad Avanza en 2025, según los registros de la Cámara Nacional Electoral.
También que según información del Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), el grupo ganador espera una nueva categorización de usuarios por zonas que le daría un flujo de caja extra de US$93 millones por año. “Es decir: quien compra ya sabe qué ingresos extra vienen, y quien paga la factura todavía no sabe cuánto pagará”, advirtió.
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