Tras el pedido de jury: Respaldo del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial al juez que absolvió al camionero Cabaleyro
El ente consideró “necesario pronunciarse sobre el respeto a la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones judiciales”. "El juicio político no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción”, advirtieron.
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El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires respaldo al juez del TOC 2 de San Nicolás, Alejandro López, “ante los agravios” y tras el anuncio de un pedido de juicio politico en su contra presentado por el diputado de ese municipio, Manuel Passaglia.
El ente consideró “necesario pronunciarse sobre el respeto a la independencia judicial y a los mecanismos institucionales de revisión de las decisiones judiciales”, luego del fallo donde absolvió al sindicalista de Camioneros, Maximiliano Cabaleyro, y otros cinco trabajadores de la empresa Rey Distribución, de San Pedro, acusados de bloquear su actividad y pedir dinero a cambio.
El TOC2, presidido por López, consideró que no se acreditaron en el juicio los hechos endilgados a los acusados en ninguno de los casos que se plantearon en el debate y que llevaron al banquillo a los imputados: el mencionado Cabaleyro, Edgardo Di Mayo, Carlos Julián Ojeda, Enzo Ivo Ojeda, Maximiliano Daniel Pérez, Lucas José Torrez y Matías Agustín Torrez. Las fiscales del juicio, María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio, habían solicitado una pena de diez años contra Cabaleyro.
“El sistema de justicia contempla el desacuerdo con las decisiones judiciales y establece procedimientos para cuestionarlas y, cuando corresponde, obtener su revisión. Esos mecanismos constituyen las vías institucionales previstas para resolver las controversias sobre las decisiones de las y los magistrados”, señalaron desde el Colegio.
Asimismo indicaron que “la independencia judicial es una garantía constitucional indispensable para la protección de los derechos de todas las personas” y que “el juicio político es un mecanismo legitimo de responsabilidad de las y los magistrados, pero no puede convertirse en un instrumento de presión o represalia por el contenido de sus decisiones cuando no existen causales legales que justifiquen su remoción”.
“De lo contrario —advirtieron— quienes disponen de mayor poder económico, político o mediático podrían condicionar las decisiones judiciales, en perjuicio de quienes carecen de esos recursos para defender sus derechos. Lo que está en juego, en definitiva, es la igualdad ante la ley”.
Por último, el Colegio reiteró “su respaldo al Colegio departamental de San Nicolás y se pone a su disposición para colaborar en todas las acciones institucionales destinadas a preservar la independencia judicial”.
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