La tradicional marcha para recordar el 42° aniversario el Golpe Militar tuvo una gran convocatoria en las principales ciudades de la provincia de Buenos Aires, como La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca. El acto central tuvo lugar en Capital Federal y estuvo presidido por Estela de Carlotto, quien lanzó críticas al gobierno.  

Según datos recabados por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, la tasa viene descendiendo a nivel provincial, y se logró quebrar tendencias preocupantes. Pero los indicadores que se registran en varios distritos bonaerenses superan ampliamente los porcentajes de embarazo adolescente existentes en países de la región. A su vez, se triplicó el número de abortos no punibles e interrupciones legales del embarazo.

El diputado provincial Avelino Zurro indicó "resulta preocupante el cierre de diversas dependencias de ARBA", ya que de acuerdo a información recopilada estos cierres se producirían en lugares en donde la agencia de recaudación bonaerense resulta inquilina del inmueble donde funciona, alegando las autoridades que sería por una cuestión de "reducción de costos", ya que el gobierno de Vidal dejaría de abonar los alquileres de los inmuebles donde estaban ubicadas las sedes.

El grupo estuvo encabezado por el vicepresidente del Partido Justicialista bonaerense, el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. "Vinimos a escuchar", señaló. Estuvieron además el jefe comunal de Carlos Casares, Walter Torchio, el de Alberti, Germán Lago, el de Cañuelas, Gustavo Arrieta, y el de 25 de Mayo, Hernan Ralinqueo.

El Defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, pidió explicaciones por la situación de 39 establecimientos de Pellegrini, Castelli, Laprida, Lezama, Ayacucho, Tres Arroyos, Lincoln, Tres Lomas, Rauch, Tordillo, Pringles, Exaltación de la Cruz, Chacabuco, Chivilcoy, 9 de Julio, General Belgrano, Dolores, General Guido, Gonzales Chaves, Coronel Dorrego, Villarino y Olavarría.

La decisión está a cargo de Héctor Plou, juez federal de Junín, que deberá resolver el futuro de los conductores de camiones acusados de "entorpecimiento de servicios públicos". La situación será resuelta tras la reanudación de las actividades en los Tribunales Federales pasados los feriados por carnaval.