Cambios en el padrón electoral Provincia de Buenos Aires: Ramos Padilla rechazó el pedido de Kicillof y se avivó la interna
El juez electoral bonaerense negó frenar los cambios en los lugares de votación solicitados por el Gobernador. La medida impacta en el 80% del padrón y profundiza la tensión entre el kicillofismo y La Cámpora rumbo a las elecciones del 7 de septiembre.
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La decisión del juez electoral bonaerense Alejo Ramos Padilla de rechazar el pedido del gobernador Axel Kicillof para frenar los cambios en el padrón electoral sumó un nuevo capítulo a las tensiones internas dentro de Fuerza Patria. La medida, que implica modificaciones en los lugares de votación, se aplicará en los comicios legislativos del próximo 7 de septiembre y tendrá especial impacto en la Tercera Sección Electoral, bastión histórico del peronismo.
El propio Kicillof solicitó por carta a la Junta Electoral bonaerense que se postergue la implementación de los cambios, argumentando que el proceso generaría confusión y problemas logísticos para la ciudadanía. La respuesta de Ramos Padilla fue tajante: “No se advierte la existencia de razones fundadas para suspender la medida”.
El 31 de julio Kicillof formalizó por escrito su inquietud ante la Junta Electoral bonaerense: pidió revisar el rediseño de los lugares de votación que, según afirmó Verónica Magario en declaraciones a Radio 10, afecta al “80% del padrón”. La carta llegó en medio de la campaña y con la elección provincial desdoblada ya definida por el Ejecutivo; la réplica de la Secretaría Electoral dependiente del juzgado federal fue pública el 6 de agosto en un documento de 26 páginas firmado por Alejo Ramos Padilla que, en términos concretos, rechazó la solicitud del gobernador y ratificó las modificaciones implementadas.
En su respuesta de Ramos Padilla explicita que el rediseño fue resultado de un trabajo iniciado el 11 de diciembre de 2023 y realizado de manera mancomunada con los 135 municipios, la Dirección General de Cultura y Educación (a cargo de Alberto Sileoni), el RENAPER y el propio juzgado.
En la enumeración técnica que acompaña la resolución aparecen los puntos que más tensión generaron en la política: un relevamiento de los 19.000 establecimientos habilitados como centros de votación; la incorporación de 500 nuevos centros; la depuración del padrón (bajas por fallecimiento y correcciones de domicilios); y la organización por orden alfabético para facilitar la ubicación de mesas.
Además, el juez insistió en que la medida busca acercar el voto al domicilio del elector —garantizando además que todos sufragarán dentro del mismo circuito— y recordó que estas acciones respondieron al nuevo marco generado por la sanción de la boleta única de papel (octubre de 2024), la suspensión de las PASO y la decisión de desdoblar, adoptada en abril: factores que, según Ramos Padilla, exigieron “decisiones tempranas” para asegurar el operativo.
La Tercera, el bastión de la disputa peronista
Políticamente, el cruce de misivas funcionó como catalizador de una interna que estaba en ebullición. En la práctica, el conflicto tiene doble lectura: por un lado, plantea una discusión técnica sobre logística y accesibilidad electoral; por otro, desnuda la disputa por la conducción territorial dentro del peronismo bonaerense.
La Tercera Sección —con 4.637.863 electores, 19 municipios y 382 concejales de los 2.198 que existen en la provincia— es el epicentro de esa pelea: allí se definen 191 bancas municipales que renovarán mandato y 18 diputados provinciales. Que la vicegobernadora Magario encabece la lista de forma testimonial y que el cambio de padrón alcance a la gran mayoría del electorado introduce un elemento de incertidumbre directo para la movilización en un distrito determinante en las urnas.
Detrás del choque institucional hay señales concretas de que la pugna no es con la oposición sino dentro del propio frente. Las reuniones privadas —la convocatoria inicial de Gabriel Katopodis con la presencia eventual de Massa y el arribo de Axel, y la cumbre del 4 de agosto en la Quinta de San Vicente con Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa— se desarrollaron con mucho hermetismo, pero trascendió que el tema padrón estuvo en la agenda y que la tensión fue palpable.
Teresa García salió públicamente a criticar a la conducción provincial —apuntó a Carlos Bianco y a la Junta— y anunció una campaña de advertencia al electorado sobre cambios en el lugar de votación: señales de que la discusión ya no es sólo técnica sino parte de la disputa por narrativas y responsabilidad política.
El massismo, por su parte, mantiene un perfil expectante: sin forzar rupturas, busca capitalizar el desgaste del oficialismo y posicionarse como articulador en la Legislatura si la interna se profundiza. En los territorios del interior la campaña oficial continúa centrada en gestión —“recorrer con obras” y actos en cabeceras donde no gobierna el peronismo— pero la incertidumbre por el padrón obliga a recalibrar operaciones de logística y comunicación para evitar pérdidas de participación que podrían costar escaños.
Tignanelli: el caso que ilustra la pelea jurídica-política
Facundo Tignanelli, referente de La Cámpora y jefe del bloque de Unión por la Patria, estuvo en la mira por una observación sobre la elegibilidad: su situación derivaba de la regla que limita la reelección cuando se computa un mandato completo. Tignanelli fue diputado titular en 2017, en 2021 resultó electo como suplente y recién asumió el 20 de diciembre de 2023 tras la licencia de Federico Otermín.
El punto técnico es que la normativa considera que una suplencia se computa como titular a efectos de reelección sólo si supera los 730 días; el dictamen jurídico encargado por el PJ y el informe al que accediste indican que el período de Tignanelli alcanza 721 días, por lo que quedó por debajo del umbral y su postulación fue habilitada. La Junta Electoral oficializó las listas de Fuerza Patria el 7 de agosto incluyendo su candidatura, y el propio PJ presentó dictámenes (de Andrés Gil Domínguez) y un amparo con fallo favorable del juez Pablo Ferrari que sostienen la habilitación.
Que Kicillof haya optado por enviar una carta pública —y que Ramos Padilla haya respondido con una resolución extensa que además recuerda alertas previas (un informe de diciembre de 2024 donde el juez ya advertía sobre riesgos del desdoblamiento)— muestra que la campaña bonaerense se mueve hoy entre decisiones institucionales y pulsos de poder. La negativa judicial no solo dejó firme el nuevo padrón: dejó expuesta la fragilidad del consenso interno y la capacidad de los distintos sectores para disputar no sólo candidaturas sino la autoridad sobre el operativo electoral.
A poco menos de un mes del 7 de septiembre, la votación en la Provincia ya no es solo una contienda contra la oposición: es una prueba de quién administra mejor el aparato comunicativo y organizativo del peronismo, y de si las tensiones internas —de rituales públicos y maniobras técnicas— terminarán por permeabilizar la fuerza territorial que históricamente sostiene al peronismo bonaerense.
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