Mientras Kicillof reclama la firma del endeudamiento, la Legislatura bonaerense entra en una semana definitoria
La Provincia de Buenos Aires transita un cierre de año atravesado por una doble tensión política: por un lado, la pelea abierta entre Axel Kicillof y el gobierno nacional por la convalidación del endeudamiento aprobado por la Legislatura; por el otro, el reacomodamiento institucional de las Cámaras, con Diputados convocando a extraordinarias y el Senado sumido en discusiones internas que revelan la fragilidad del oficialismo en ese cuerpo.
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La discusión por el financiamiento bonaerense entró en una nueva etapa luego de que la Legislatura aprobara, por más de dos tercios, el paquete de endeudamiento por USD 3.035 millones, que la Provincia necesita para cubrir obligaciones financieras ya ejecutadas y atender los pagos que siguen por delante. Lo que hasta ahora había sido un proceso trabajado con acuerdos internos terminó escalando a un conflicto nacional, cuando el Gobierno de Javier Milei puso en duda la convalidación del endeudamiento y abrió un frente directo con Axel Kicillof. Al mismo tiempo, la Legislatura provincial intenta ordenar su funcionamiento: Diputados avanza hacia una sesión extraordinaria clave, mientras el Senado quedó paralizado por disputas internas.
Luego de la aprobación del financiamiento en la madrugada del 4 de diciembre, el ministro de Economía nacional, Luis Caputo, puso en duda la convalidación del pedido bonaerense.
El núcleo técnico de la discusión no es retórica: pasa por la letra de la Ley de Responsabilidad Fiscal, y en particular por lo que dispone su Artículo 21. En lenguaje sencillo, la ley exige que, para autorizar endeudamiento , los servicios de la deuda —esto es, los pagos periódicos de capital e intereses— no superen un tope del 15% de los recursos corrientes netos. Esos “recursos corrientes netos” incluyen, entre otras partidas, las transferencias por coparticipación a los municipios y son la base sobre la que se calcula el margen fiscal disponible.
Sin embargo, Luis Caputo aseguró que la Provincia no cumplía la ley: argumentó que el Ejecutivo Bonaerense había aumentado su gasto corriente por encima de la inflación y que, por tanto, correspondería negar la autorización para tomar deuda nueva. Esa lectura sería válida si se tratara de deuda adicional que elevara el stock neto de pasivos de la Provincia.
La réplica técnica de la administración provincial desmiente esa interpretación por dos razones puntuales. Primero, porque lo aprobado por la Legislatura no es deuda adicional, es refinanciamiento: la autorización busca permitir que la Provincia tome deuda para pagar vencimientos ya contraídos, y además recuperar pagos que el propio Estado provincial adelantó con recursos propios. En esa operación no hay —en términos netos— un aumento del stock de deuda que active el espíritu del Artículo 21. Segundo, en términos cuantitativos, Carlos Bianco subraya que la Provincia está en el 7% de servicios de deuda respecto de los recursos corrientes netos, muy por debajo del umbral del 15% que fija la ley; por eso sostiene que la objeción de Caputo “mezcla categorías” y no se ajusta al texto legal.
En este marco, cabe destacar qué la referencia del ministro de Economía nacional en cuanto a “gasto corriente por encima de la inflación” no es un criterio correcto para bloquear la autorización: ese parámetro no figura con la literalidad que él invoca en el régimen de la LRF para rechazar una solicitud de refinanciamiento. Asimismo, desde Provincia insisten en que la norma está pensada para regular endeudamiento adicional y no para impedir que una jurisdicción reemplace deuda que vence o recupere fondos ya erogados.
Esa combinación técnica —definición de servicios de deuda (capital + intereses), límite del 15%, cómputo sobre recursos corrientes netos y la distinción entre deuda adicional y refinanciamiento— es la columna vertebral del argumento provincial. Es también la base por la cual la Provincia sostiene que, si el Ejecutivo nacional no firma la convalidación, quedará abierta la vía de la judicialización .
En este línea , el gobernador fue directo: “Que lo aprueben rápido, Toto, por favor. Esto no es deuda nueva; son vencimientos de la gestión Vidal. Más lío no nos pueden armar: nos deben $13.000 millones.” En tanto que el ministro de Hacienda bonaerense, Pablo López, reforzó el punto técnico:
- La autorización es de USD 3.035 millones, apenas un tercio de lo que Nación le debe a la Provincia.
- Si Nación regularizara esas obligaciones, no haría falta refinanciar.
- La caída de la actividad económica generó un perjuicio adicional de USD 2.500 millones en recaudación.
- Entre deuda no girada y caída de ingresos por la política nacional, PBA perdió USD 11.500 millones.
Además, detalló que la deuda provincial hoy es “mucho más sana que en 2019”:
- Bajó del 9% al 6% del PBG.
- Redujo su carga de intereses del 8% al 3%.
- Migró a financiamiento local y organismos multilaterales.
Berni tensó el Senado al cuestionar licencias votadas sin mandato vigente
En paralelo al conflicto Nación–Provincia, el Senado bonaerense quedó atrapado en una interna que expone la debilidad del oficialismo para ordenar su propio espacio.
Sergio Berni planteó un punto sensible: la legalidad de las licencias otorgadas a Gabriel Katopodis y Santiago Valenzuela, votadas el 8 de diciembre durante la sesión preparatoria. El problema: quienes las aprobaron incluían legisladores que recién asumían el 10/12, es decir, que no tenían mandato vigente al momento del voto.
Aunque no busca impugnarlas, Berni apuntó al corazón político del oficialismo y dejó entrever: falta de conducción en la Cámara alta, incapacidad para acordar un jefe de bloque y la fragilidad de la presidenta del Senado, Verónica Magario, en lo que constituye un párrafo más de la interna que divide al peronismo entre camporistas y kicillofistas. En este clima, la actividad quedó congelada: no habrá definición de autoridades ni jefaturas de bloque en lo que queda del año.
Diputados convocó a extraordinarias y busca cerrar su mapa de poder antes de fin de año
Mientras el Senado permanece paralizado por la interna del oficialismo, la Cámara de Diputados se movió con mayor velocidad para ordenar su esquema de funcionamiento. El cuerpo convocó a sesión extraordinaria para el 16 de diciembre, con el objetivo de completar las definiciones que quedaron pendientes tras la sesión de jura del 2 de diciembre.
Ese día, los nuevos legisladores asumieron y la Cámara resolvió la mayor parte de su arquitectura institucional. Allí se acordó el sistema de rotación entre Alejandro Dichiara y Alexis Guerrera para la Presidencia: Dichiara conducirá durante 2026 y el hombre del Frente Renovador lo hará en 2027, reproduciendo el mecanismo adoptado en 2023 para garantizar una convivencia interna entre los distintos matices de Unión por la Patria. También se decidió eliminar las vicepresidencias numeradas y avanzar hacia un esquema más flexible de cinco vicepresidencias repartidas entre oficialismo y oposición. Las secretarías y prosecretarías quedaron, en su mayoría, en manos del oficialismo provincial.
Pero a pesar de ese ordenamiento previo, quedaron dos vacantes sensibles: dos vicepresidencias que requieren acuerdo político y la definición de los jefes de cada bloque. Esas son las cuestiones que Diputados busca resolver en la sesión extraordinaria del 16 de diciembre, una instancia clave no sólo para formalizar el equilibrio interno del cuerpo sino también para proyectar la dinámica legislativa de 2026. La expectativa entre los distintos espacios es que, a diferencia de lo que ocurre en el Senado, en la Cámara baja el oficialismo logre los consensos necesarios para cerrar el año sin sobresaltos.
El Banco Provincia, una negociación que reveló la complejidad del tablero político
El otro movimiento que ayuda a explicar cómo se lograron los votos para el refinanciamiento ocurrió durante la misma sesión en la que se aprobó el financiamiento. Allí, la Legislatura convalidó la nueva integración del directorio del Banco Provincia, ampliado de nueve a catorce miembros. Esa expansión generó ruido en algunos sectores, pero el jefe de Gabinete, Carlos Bianco, aclaró que la ampliación no implicó un aumento del presupuesto: se redistribuyeron partidas y se reorganizó el funcionamiento interno sin generar nuevos costos.
Esa aclaración técnica no fue menor. El Banco Provincia es una de las estructuras de poder más relevantes del sistema bonaerense, con impacto financiero real y una fuerte visibilidad política. Su directorio funciona, de hecho, como una mesa ampliada donde conviven y negocian todas las tribus que integran el mapa provincial. Por eso, la inclusión de representantes del MDF (sector del gobernador), de La Cámpora, del massismo, del PRO, de la UCR, de Unión y Libertad y del espacio referenciado en Martín Insaurralde terminó de ordenar un sistema de equilibrios que venía de varias semanas de tensión.
Este reparto —que no figuraba entre los puntos centrales del debate público— fue, sin embargo, uno de los engranajes que facilitó la construcción de los dos tercios para aprobar el refinanciamiento. No fue la única negociación, pero sí una de las que aportó volumen político a la votación.
Kicillof entre el conflicto con Nación y la fragilidad legislativa
Con el financiamiento ya aprobado y pendiente de la doble firma del gobierno nacional —Economía y el Ministerio del Interior de Diego Santilli—, la Provincia encara una etapa de definiciones institucionales que convivirán con una tensión económica creciente. Mientras en Diputados, LLA constituye la primera minoría desde este 10 de diciembre, lo que permite augurar que obstaculizará todos los proyectos del oficialismo; en el Senado, donde el peronismo cuenta con quorum propio a partir de la nueva composición, la organización de cara al 2026 permanece en punto muerto: un gesto claro de la debilidad que atraviesa al oficialismo en la Cámara alta, especialmente tras el planteo de Sergio Berni sobre la validez de las licencias votadas el 8 de diciembre.
En ese marco, Kicillof necesita alinear gobiernos locales, ordenar su coalición y sostener la presión sobre Nación para que habilite el refinanciamiento. La discusión técnica ya está saldada dentro del oficialismo provincial: se trata de cubrir vencimientos, no de tomar deuda nueva. Pero la decisión final pertenece al gabinete nacional, que mantiene el foco en la Ley de Responsabilidad Fiscal y que utiliza el caso bonaerense como parte de una narrativa más amplia sobre el “costo argentino”.
El cierre del año encuentra a la Provincia en el centro de una doble pulseada: una institucional, dentro de la Legislatura; y otra financiera y política, frente al gobierno nacional. La semana que viene será clave para saber cuál de esas dos tensiones se resuelve primero.
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