Crisis en las rutas: "Los intendentes viajan cientos de km para arrodillarse y rogar un bacheo que puede tardar años"
El activista mercedino e histórico luchador autoconvocado por la seguridad vial, Carlos Mosso, dialogó con LANOTICIA1.COM. Habló del escándalo con las fotomultas, la polémica por la tasa vial, los "baches digitales" y la falta de control a camiones. Reveló que por la ausencia de obras, muchos jefes comunales salen a mantener las rutas en sus distritos. Pero advirtió que "eso les puede traer problemas". Y remarcó: "Las rutas del interior están abandonadas porque a los gobiernos les interesan las obras que se ven".
En una extensa conversación, Carlos Mosso, un referente en la lucha por la mejora de las rutas nacionales y provinciales en la Provincia de Buenos Aires, comparte su experiencia y preocupaciones sobre el estado actual de la infraestructura vial. Desde su hogar en Mercedes, el activista estuvo involucrado en esta causa desde la década de 1990, y su voz resuena con la urgencia de un problema que afecta a miles de bonaerenses.
¿Cómo se inició tu lucha por el estado de las rutas y cuáles fueron los primeros desafíos que enfrentaste?
Mi batalla comenzó en los años 90, cuando se privatizó la Ruta Nacional 5 e instalaron la primera cabina de peaje en Olivera, cerca de Luján, sin haber construido ni un metro de autopista. Fue un momento crítico porque perjudicaba directamente a Mercedes y las localidades cercanas, tanto por el impacto económico como por la falta de mejoras en la infraestructura vial.
En esa época no teníamos redes sociales ni teléfonos celulares, pero logramos autoconvocarnos más de 200 vecinos, principalmente comerciantes, para enfrentar esta injusticia. Uno de los mayores problemas era la alta siniestralidad en el tramo entre Mercedes y Luján, con numerosos accidentes graves y fallecimientos. Después de años de reclamos, conseguimos que se construyera un tramo de autopista entre ambas ciudades. Sin embargo, la obra quedó incompleta: en Mercedes no llegaba a la rotonda, y en Luján faltaba el bypass, que recién fue inaugurado en 2018.
A pesar de los avances, seguimos enfrentando los mismos problemas: rutas deterioradas, promesas incumplidas y la necesidad urgente de transformar las rutas nacionales en autovías o autopistas. Actualmente, y pese a la falta de mantenimiento, se podría llegar a decir que las rutas nacionales están en mejores condiciones que las rutas provinciales. La lucha continúa, ahora con el apoyo de la tecnología, que nos permite mantenernos en contacto con técnicos y funcionarios clave, aunque las soluciones siguen dependiendo de decisiones políticas y de una planificación a largo plazo que todavía no existe.

La ruta 41 es escenario de muchas tragedias debido a su mal estado. ¿Cómo describirías el avance de esta lucha?
En la época en que Daniel Scioli era gobernador, alrededor de 2012-2013, la situación era muy similar a la actual. La lucha por el estado de las rutas provinciales, especialmente la Ruta 41, comenzó por la gran cantidad de muertes que ocurrían debido a su pésimo estado. En ese momento, con el Ministro de Obras Públicas de la provincia, Alejandro Arlía, insistimos tanto en la necesidad de una solución, que tras un verano trágico, con nueve muertes en apenas mes y medio, conseguimos que se reasfaltara el tramo más peligroso entre San Andrés de Giles y Mercedes. Sin embargo, este tipo de avances son muy limitados, y aunque la situación sigue siendo crítica, mucho de lo que logramos fue gracias a la visibilidad que los medios le dieron a nuestra lucha. Un ejemplo claro es lo que sucedió con la Ruta Nacional 5, cuando un incidente mediático, como el de una mujer que se atrincheró en un peaje, provocó que se realizara un informe sobre el estado de la ruta. Los medios deben seguir visibilizando estos problemas, ya que sin esa exposición, las autoridades no toman medidas.
El estado de las rutas debería ser óptimo, pero también es fundamental que los usuarios sean responsables y respeten las normas de seguridad vial. Lamentablemente, hoy en día, el 80% de las muertes en las rutas son producto de siniestros viales, que son consecuencia directa de errores humanos e imprudencia. El parque automotor ha evolucionado, pero, evidentemente, somos los conductores quienes debemos mejorar nuestra actitud al volante.
En Ruta 9 me llama la atención que hay balanzas al costado de la ruta, pero nunca veo controles en esa zona. Imagino que esta situación es algo común en otros puntos de la provincia de Buenos Aires, ¿es así?
Sí, en la provincia de Buenos Aires el deterioro de las rutas es mucho más evidente. Son muy transitadas, ya que sirven para sacar la producción de la provincia, y muchas de las rutas provinciales son más antiguas que algunas rutas nacionales. Por ejemplo, la Ruta 41, que pasa por Mercedes y conecta con Baradero y Castelli, es muy utilizada tanto para el transporte de producción como para el turismo, ya que conecta con la costa, especialmente durante la temporada de verano. Sin embargo, está muy deteriorada, con tramos descalzados y otros deformados.
Lo mismo ocurre con otras rutas como la 51 y la 30, que atraviesan localidades con mucho tránsito pesado, como Ramallo, Colón, Salto y Pergamino, debido al transporte de la producción agrícola. Un problema adicional es que nunca se instalaron balanzas, tanto fijas como móviles, para controlar el peso de los camiones. Durante la cosecha, por ejemplo, los camiones con exceso de peso dañan aún más el asfalto, especialmente en verano cuando el calor ablanda el pavimento.
Este es un problema muy amplio que requiere una solución integral y sostenida en el tiempo. Algunos sugieren que privatizar es la solución, pero yo me pregunto: ¿realmente es una solución? El cobro de peaje no significa que se vaya a mejorar las rutas. El gobierno, a través de los impuestos, tendría que devolver esa inversión, lo cual no garantiza que los empresarios no busquen maximizar sus ganancias. Por eso, pienso que cuando se habla de privatizar, nos están engañando. El problema es enorme y requiere un enfoque serio y político para solucionarlo.

Te propongo un pequeño ejercicio. Tengo el mapa de la Provincia, con todas sus rutas. Estamos en verano, quiero viajar en auto, elegir un destino, con rutas seguras. ¿Qué lugares me recomendarías visitar?
Lamentablemente hoy no hay ninguna ruta segura en el territorio bonaerense. Te recomendaría cualquier destino dentro de la Provincia de Buenos Aires, siempre y cuando tengas en cuenta algo muy importante: cuando salgas a manejar, hacelo siempre pensando en tu seguridad y en la de los demás. Yo siempre les digo a mis hijos y a cualquiera que conduce, que no solo manejen por ellos, sino también por los otros, especialmente por el que viene de frente. Si tienes un accidente por distracción dentro de tu localidad, tal vez solo termine en daños materiales o alguna fractura. Pero si ocurre en una ruta, con una distracción o al morder la banquina, como pasa en la ruta 41 o la 5, las consecuencias pueden ser mucho más graves. Así que, elegí cualquier ruta, pero siempre mantené la precaución, porque un segundo de descuido puede costar muy caro.
Muchos municipios continúan cobrando la tasa vial en la carga de combustible, lo que genera críticas y debate, especialmente desde el gobierno nacional. ¿Lo recaudado realmente se destina a seguridad e infraestructura?
El otro día viajé a Capital Federal, tomando la Ruta 5 hasta la Autovía 6, luego la Ruta 8 y finalmente la Panamericana. Cuando pasé por la Ruta Provincial 6, en el partido de Luján, me encontré con carteles que indican que el municipio cobra un porcentaje de la tasa vial. La pregunta que surge es: ¿por qué, si no somos de Luján estamos pagando esta tasa para que el intendente supuestamente invierta en las calles y caminos de esa ciudad? Este gobierno nacional, en una de sus medidas que están bien, está declarando esto inconstitucional, y se supone que deberían sancionar a los municipios que lo estén haciendo.
Ahora, como te menciono un tema, también debo señalar lo contrario. Hace unos 25 o 30 años, la provincia de Córdoba implementó una medida similar a nivel provincial, no solo en un municipio. Sin embargo, en Córdoba se ve cómo, año tras año, mantienen las rutas en excelente estado, transformando caminos en autovías y autopistas, incluso en áreas menos transitadas, como las sierras. Esto te hace reflexionar sobre cómo se gestionan los recursos y cómo en algunos lugares los fondos se reflejan directamente en el estado de las rutas.

¿Creés que la Provincia de Buenos Aires debería seguir el ejemplo de Córdoba en cuanto a la inversión en infraestructura vial?
Mirá, no es que me interese discutir cuestiones políticas partidarias, de hecho no estoy alineado con la ideología de sus dirigentes, pero lo que hizo Córdoba con su infraestructura vial es un ejemplo que se debería tener en cuenta. No es tanto el color político de los gobiernos, sino que, a lo largo de los años, hubo una continuidad en la política de mantenimiento de las rutas. Y eso se ve reflejado en la cantidad de turistas que atrae la provincia y el dinamismo económico que genera. En cambio, en Buenos Aires parece que todo se reduce a la corrupción.
Te doy un ejemplo: tuvimos al exministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, que trágicamente perdió la vida en un accidente en una ruta bonaerense, y, aunque hubo homenajes y lágrimas, no se tomaron medidas concretas. Después, miramos la Ruta 100, que entre Chacabuco y Junín tiene un tramo de autopista que no está terminado desde 2018. La Ruta 8, por su parte, terminó la obra entre Pilar y Pergamino, pero aún falta la variante que debería haberse hecho en Chacabuco, y este verano, debido a esos problemas, murieron varias personas. El cruce de la Ruta 8 con la 41 tiene graves deficiencias de diseño que provocan accidentes. También está el puente de la Ruta 8, que se empezó en 2019 y sigue sin terminar, ni siquiera se está trabajando en él.
Es triste ver que, a pesar de las tragedias y los problemas constantes, el impacto de la noticia dura solo un rato, pero no se toma conciencia de la gravedad del asunto. Después de 30 años de ver esto, parece que nada cambia. Las muertes de Mario Meoni en Ruta 7 rumbo a Junín o del economista Tomás Bulat en la Ruta 9 cerca de Ramallo, deberían ser una llamada de atención para los políticos, pero lamentablemente no lo es.
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Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, se concretó la tan esperada autopista hacia la costa, incluyendo la Ruta 11. Sin embargo, con el cambio de gobierno, surgieron denuncias cruzadas sobre el estado de las obras. ¿Qué opinás acerca de eso?
Bueno, ahí estás mencionando un caso concreto. Desde hasta 2015, veníamos de una década, o mejor dicho, de gobiernos que pensaban que el Estado debía hacerse cargo de todo, y en términos de infraestructura, sabemos cómo terminó eso: un desastre. Con el gobierno de Mauricio Macri, entre 2015 y 2019, se implementó la ley de participación público-privada. ¿Qué planteaba esta ley? Que los primeros dos años, el sector privado tenía que invertir con su propio financiamiento en el recondicionamiento y construcción de autopistas, y luego el Estado, con los impuestos de todos los argentinos, iría devolviendo esa inversión.
Sin embargo, en 2019, cuando asumió un nuevo gobierno, decidieron desechar esta ley de participación público-privada, estatizar todas las concesiones y volver a foja cero. Esto significó que se paralizó todo: nuevas concesiones, licitaciones, adjudicaciones. Y lo más complejo es que cuando el gobierno rescinde contratos con empresas privadas, como ocurrió, se activan cláusulas millonarias por el incumplimiento de esos acuerdos. A raíz de eso, se pagaron enormes multas a las empresas. Luego, el gobierno trató de privatizar nuevamente, pero la gente debe entender que esto no es algo que se pueda hacer de manera gratuita. Las empresas no se quedan de brazos cruzados, y están ejecutando esas cláusulas contractuales.
Desde el comienzo de la campaña de Sergio Massa, incluso se pararon muchas obras del país, desviando los recursos para uso político. Y a partir de ahí, hemos visto un incumplimiento generalizado en muchos contratos de obras públicas, como viviendas y asfaltos. Esto tiene consecuencias, y no es algo que se pueda resolver sin costos significativos.

Además de los problemas con el asfalto, hay algo que afecta a muchas rutas: los llamados "baches digitales", que son tramos largos sin señal de teléfono. ¿Esto también es un tema que se debate en los foros de discusión relacionados con las rutas?
Sí, es un tema que conozco. Los "baches digitales" son casos particulares, y no puedo hablar con exactitud sobre cómo se gestionan esos contratos, pero está claro que el Estado tiene la facultad de intervenir en este tipo de situaciones. Por ejemplo, a lo largo de la Ruta 7, como mencionabas, hay lugares donde la señal de telefonía móvil desaparece. Pero si hay un "bache digital" en una ruta, también lo hay en los pueblos o ciudades cercanas. De hecho, en varias ocasiones he planteado, incluso cuando fui concejal, la necesidad de que los intendentes se pongan en contacto con las empresas de telefonía móvil para instalar más antenas. Esto es clave para que los ciudadanos no queden incomunicados.
Este tipo de "baches" no solo afecta la comunicación, sino que tiene un impacto en temas críticos como la seguridad, la salud y la educación. Si, por ejemplo, te pasa algo en un tramo donde no tenés señal, la situación se complica aún más. Es una cuestión de acceso a servicios esenciales y de protección para todos.
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Nos interesa tu opiniónHay muchas rutas en la provincia que están en un estado realmente deplorable. Todos estamos de acuerdo con la necesidad de controles de velocidad, pero parece increíble que en algunos caminos que son muy riesgosos por la falta de mantenimiento se pongan fotomultas…
El tema de las fotomultas es una lucha que lleva mucho tiempo, y finalmente ha salido a la luz lo que era un ámbito de corrupción. Un claro ejemplo de esto es el caso del ahora exministro Jorge D’Onofrio, quien tuvo que renunciar por su implicación en el escándalo de las fotomultas. Este tema viene de mucho antes, desde la época de Scioli, y lo veníamos denunciando. Existen leyes nacionales a las que la provincia adhiere, y estas exigen que, para instalar un radar de fotomulta, ya sea fijo o móvil, se cumpla con ciertos requisitos. Uno de estos requisitos es la fiscalización de la provincia, que actúa como veedora.
Lo que mucha gente no sabe es que la recaudación de una fotomulta es tripartita: una parte va para el municipio, otra para la provincia y la tercera para la empresa privada que administra el software. Así que, cada vez que pagamos una multa, ese dinero se reparte entre tres actores. Sin embargo, el problema surge cuando los intendentes, buscando incrementar la recaudación, esconden los radares, a veces en lugares peligrosos, como curvas de rutas, lo que genera un riesgo de accidentes por frenadas bruscas. Esto es completamente contraproducente, porque lo que se busca con las fotomultas debería ser la prevención, no la recaudación a cualquier costo. La fotomulta debería estar bien señalizada y ubicada de manera estratégica, para que los conductores puedan reducir la velocidad con tiempo y evitar accidentes. Sin embargo, muchas veces no es así, lo que solo genera más peligro en la ruta.
Si las fotomultas estuvieran bien implementadas y con fines preventivos, serían una herramienta efectiva para concientizar, especialmente a los conductores imprudentes. Si el sistema estuviera legalizado y bien gestionado, los imprudentes deberían asumir las consecuencias y pagar por sus infracciones. Eso sí sería una medida educativa real, porque muchas veces, el bolsillo es lo único que logra hacer reflexionar a quienes no respetan las normas.
¿Cómo están las rutas en el interior de la provincia? Hablo de las que no son tan turísticas o que solo conectan ciudades, como la Ruta 226, que atraviesa gran parte de la provincia de Buenos Aires y es escenario de muchos accidentes. ¿Qué tan compleja es la situación en esas rutas, sobre todo para alguien que no está acostumbrado a circular por el interior?
La realidad es que la situación es realmente difícil, tanto para los conductores como para los intendentes que deben gestionar el bacheo. pobre de toda esa gente. Muchas de esas rutas, al no tener tanto tránsito o no ser tan visibles políticamente, no reciben la atención que deberían. Lamentablemente, a veces el interés de los gobiernos se centra más en las obras que se ven, las que están en áreas con mucho tránsito, como en Pilar, Escobar, o Castelli, donde se puede poner un cartel que diga "Gobierno de la provincia de..." y que la gente vea. Pero en las zonas más alejadas del interior, donde quizás pasan 20 vehículos por día, es muy fácil que las autoridades ignoren el problema. Y lo peor es que los intendentes, para gestionar el arreglo de una ruta en mal estado, a veces tienen que recorrer cientos de kilómetros, viajar hasta la Ciudad de Buenos Aires o a La Plata para arrodillarse y rogar para intentar conseguir algún recurso y solucionar algo tan básico como un bache.
He visto casos como en la Ruta 30, en Chivilcoy. No es una ruta tan transitada, pero es crucial para los que viven en la zona. Para que se realice un pequeño bacheo, los trámites pueden demorar hasta 6 años, y al final te tapan solo unos pocos huecos. Es una situación frustrante, porque los recursos no llegan y las rutas continúan en mal estado, afectando la seguridad de quienes las transitan.

Hemos visto que en algunos municipios, ante la falta de mantenimiento de las rutas, los intendentes han decidido cortar el pasto en las banquinas. Este fenómeno parece ser una respuesta a la falta de recursos provenientes de la Provincia o la Nación. ¿Qué opinás sobre esto?
Es un fenómeno que, si bien tiene una intención loable —la de cuidar la seguridad vial y el bienestar de los vecinos—, puede traer consecuencias legales muy graves para cualquier intendente que lo lleve a cabo. Lo que hacen los municipios es de sentido común, pero la ley no lo permite. Si un intendente contrata una empresa para cortar el pasto en una ruta nacional o provincial que pasa por su distrito y, lamentablemente, ocurre un siniestro vial, la Nación o la Provincia se desentiende del asunto, y la responsabilidad recae directamente sobre el municipio. Y, al final, ese conflicto judicial y los costos derivados lo terminan pagando los contribuyentes locales, o sea los vecinos, y no el intendente que actuó con buena intención.
Este es un tema que yo ya había planteado en la Cámara de Diputados en 2013, cuando discutía con algunos legisladores sobre la necesidad de modificar la ley. Yo les preguntaba: ¿por qué no trasladan los recursos recaudados por la Provincia y la Nación al municipio, para que los intendentes puedan hacerse cargo del mantenimiento de las rutas, tal como un frentista se hace cargo de la conservación de su domicilio? Si el municipio pudiera ser un ente recaudador para esos fines, sería una solución lógica. Pero la ley no se modifica, porque esa recaudación es una caja económica muy importante, que les permite a los gobernadores controlar y dirigir las obras viales hacia donde más les conviene políticamente.

El gobierno bonaerense se jacta del avance de la ley de alcohol cero al volante, una medida respaldada también por Madres del Dolor, que muchos consideran positiva. Sin embargo, me surge una duda: ¿realmente sirve una ley como esta si no hay controles adecuados?
Primero, hay que reconocer que la ley de alcohol cero sería una excelente medida si los equipos de fotomultas estuvieran calibrados de manera precisa para garantizar que, si una persona no ha consumido alcohol, el aparato marque efectivamente cero. El problema es que no existen dispositivos que puedan calibrarse con esa exactitud. Aunque no hayas consumido alcohol durante un mes, el aparato te podría marcar un mínimo de 0,01. ¿Eso te convierte en infractor? No, es simplemente el resultado de la imposibilidad de calibrar estos equipos de forma precisa y duradera. Este tema fue objeto de debate en la legislatura, y algunos municipios decidieron no adherir a la ley y mantienen el límite de 0,5, que se considera el margen de error común, similar al de los velocímetros de los autos. Además, en provincias como Mendoza o San Juan, donde la viticultura es clave para la economía, se ha generado un gran debate sobre esta ley, ya que los turistas y los locales no pueden ni siquiera probar una copa de vino sin arriesgarse a ser multados. En resumen, el gran problema es la calibración de los aparatos, lo que dificulta asegurar que la medición sea exacta, incluso si no se ha consumido alcohol durante largo tiempo.
El gobierno nacional dijo que no aportará fondos para el mantenimiento de obras y la infraestructura en los pueblos. De hecho, el presidente Milei mencionó que si un pueblo necesita un puente o una rotonda, debería encargarse de eso por su cuenta. ¿Cómo repercute esta postura en los pueblos del interior bonaerense?
Es una idea que el presidente mencionó en su campaña y que ahora está llevando a cabo. En el caso de la Ruta Nacional 5, entre Mercedes y Suipacha, se está retomando muy lentamente la obra para transformar esta ruta en autovía, una obra que comenzó en 2018. Para que te des una idea, el movimiento de suelo, el corrimiento del alambrado, el traslado de cables y las expropiaciones comenzaron en 2018, pero durante los cuatro años del gobierno anterior apenas se avanzó. Fue recién en 2022 cuando el gobierno peronista de turno gestionó créditos internacionales para diversas obras de infraestructura a nivel nacional, y en esos fondos se incluían estos 20 kilómetros de transformación de la ruta. El problema fue que cuando el crédito fue aprobado a mediados del año pasado, el actual ministro de La Libertad Avanza intentó redirigir esos fondos para otros proyectos, pero no pudo. Y la razón por la que no pudo es una cláusula en el crédito que destinaba esos fondos exclusivamente para la obra de la Ruta 5. Si no hubiera sido por esa cláusula, este tramo tampoco se estaría ejecutando.
Lo que está ocurriendo ahora no es una decisión de este gobierno, sino que se está incumpliendo con lo que estaba proyectado desde antes. Sin embargo, en otras áreas vemos el fracaso del gobierno, como en el caso del Bypass de Luján, donde ni siquiera se corta el pasto. El estado de las rutas es alarmante. El otro día, viajando desde Capital Federal a la noche, pasé por la Ruta 6 y me encontré con un cruce peligroso en total oscuridad. Eso refleja la falta de mantenimiento. Este gobierno está orientado a privatizar las rutas, como si los argentinos no tuviéramos que pagar por ellas. No es que el privado financie la obra con fondos propios y luego se la pague alguien más, no. Los argentinos somos los que debemos devolver esos fondos, incluso cuando no se ve una mejora real en la infraestructura.

¿En qué situación quedó el proyecto de la autopista Camino del Buen Ayre, ese tercer anillo del AMBA que iba a conectar 15 municipios, desde San Isidro hasta Ensenada?
Todo ese proyecto quedó abandonado. Fue impulsado inicialmente por el gobierno de Mauricio Macri, luego continuado por el gobierno de Alberto Fernández, pero hoy está totalmente paralizado por Javier Milei. En primer lugar, siempre habrá un conflicto porque no se cumple con los contratos. Es como si yo te contrato para hacer un trabajo en mi casa y de un día para otro te digo que ya no voy a seguir con el proyecto. Lo primero que vas a pedir es el pago por lo que ya hiciste, lo cual tiene todo el sentido común. En el caso de estas obras, cuando un nuevo gobierno entra y tira por la borda lo anterior, incumple el contrato y eso genera juicios legales. En cuanto a los materiales y avances, si no se ha dejado todo en mal estado, como la consolidación del suelo, dependiendo de la etapa en que se encuentren, puede conservarse, a lo sumo crecerán yuyos que habrá que cortar. Sin embargo, cuando se retoma la obra, normalmente hay una nueva licitación y adjudicación, y los costos, por supuesto, se actualizan. Lo más complejo es que, además, hay que ver de dónde se sacan los recursos para reanudar todo esto.
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